Arrancó un nuevo capítulo de ese eterno retorno al que nos conduce la falta de una política criminal en Colombia. Desde la semana pasada entró en vigencia lo que se conoce ahora como la Ley de Pequeñas Causas, que no es otra cosa que una nueva intentona por descongestionar las cárceles, en un país que sigue haciendo de la penalización la forma de solucionar muchos problemas sociales que no se atienden o se previenen desde antes, en el origen, sino que se espera para criminalizarlo.
Hoy, pequeñas causas, ayer delitos menores, antes contravenciones. Cada tanto reaparece esta norma con algunas modificaciones, pero persiguiendo lo mismo: solucionar por la vía de la descriminalización el problema carcelario, el hacinamiento que se vive en las penitenciarías del país que rayan en el absurdo y en la violación de los Derechos Humanos de los reclusos. Si tan solo en Manizales se duplica el número de internos frente a la capacidad que tiene, nos muestra un panorama de lo que sucede. 
Ante esto, se toman cíclicamente estas decisiones en el país. Y cuando las quejas de los ciudadanos en un par de años no den abasto por la cantidad de raponazos, robos menores y otros delitos considerados de pequeñas causas, entonces volverán a endurecer las medidas y se decidirá que lo mejor es la cárcel. Si enviar landronzuelos, buscapleitos y pequeños distribuidores de droga fuera la solución a los problemas que vive el país de seguridad fuera una solución salomónica ya habría mostrado resultados en una de las tantas oportunidades en las que se hizo política con la cárcel como única alternativa para estos personajes.
Siempre que se ponen en ejecución este tipo de normas, se dice que es lo mejor para el país, pero lo que en realidad vemos es a un Estado que trata de solucionar con normas a la carrera las coyunturas y no que piense en las soluciones de fondo, que el país necesita para realmente construirse desde la coherencia en sus leyes, cosa que no sucede con la política criminal a trompicones que se ejerce desde el alto Gobierno y las altas cortes.

Por ejemplo, se puso en marcha la figura del acusador privado para agilizar los procesos, pero sabemos que esto no lo podrá ejercer todo ciudadano, pues se requiere de conocimientos y de una mínima capacidad para investigar e instruir los procesos, con lo cual al final serán más los perjudicados, pues no hubo suficiente difusión para que cualquiera pudiera ejercer esta labor. Así las cosas, no nos queda si no insistir en la necesidad de que el Consejo de Política Criminal vuelva por los fueros de generar coherencia en las normas y de tirar línea sobre cómo abordar el tema penal y el carcelario, de una vez por todas, y no entre espasmos como hasta ahora se hace de manera cíclica.