La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del acuerdo entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Farc, comenzó a funcionar ayer, con una vigencia inicial de 15 años, y con el propósito de conocer y juzgar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado hasta el 1 de diciembre del 2016. Escuchar a las víctimas será fundamental, así como lograr las confesiones de los victimarios. Este sistema de justicia se concentrará en las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante las décadas que duró la guerra, y de las que fueron protagonistas no solo desmovilizados de la guerrilla, agentes de la fuerza pública y otros funcionarios del Estado, sino también civiles. Estos últimos se podrán someter de manera voluntaria.
Lo primero será oír a las víctimas, con el ánimo de empezar a establecer qué casos deberán ir a la justicia ordinaria y cuáles cumplen con las características para ser asumidos por la justicia transicional. El gran esfuerzo que deberá hacerse es el de no permitir que ningún caso deje de conocerse, estudiarse y juzgarse en la manera adecuada, empezar a establecer las verdades de los hechos y no permitir que genocidios, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra queden impunes. De acuerdo con el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, 6.475 personas han manifestado su intención de someterse a esa justicia, por lo que el trabajo que viene será intenso.
Debemos recordar que las principales condiciones para que una persona pueda beneficiarse de esta justicia con enfoque restaurativo es que diga toda la verdad acerca de su participación en los crímenes, repare de manera efectiva a las víctimas de sus acciones y se comprometa a no repetir tales actuaciones por ninguna circunstancia. Quien pese a ser juzgado por la JEP y vuelva a sus andanzas o se compruebe que no dijo toda la verdad acerca de lo sucedido en el conflicto perderá todos los beneficios y tendrá que ir a la justicia ordinaria, donde sus crímenes lo llevarían a pagar con duras penas de prisión. 
En próximas semanas, los magistrados de la JEP deberán presentar a la ciudadanía el reglamento interno en el que vienen trabajando desde el momento de su posesión, hace cerca de dos meses, para que los colombianos sepamos con exactitud cómo serán los detalles operativos, el papel de los distintos magistrados y los tiempos de cada uno de los procesos. Se espera que en las sesiones ordinarias del Congreso en curso se tramite el proyecto de ley de procedimiento de la JEP, en la que se fijen las pautas para investigar y juzgar a los postulados y satisfacer los derechos de las víctimas. Eso es algo fundamental que sigue pendiente; hay que recordar que el Congreso ya avanzó en los pasos de darle vida jurídica a la JEP y establecer la Ley Estatutaria que la reglamenta.

El gran desafío de los magistrados es romper con el mito acerca de la supuesta impunidad que se desprendería de sus decisiones y que, haciendo uso de las herramientas de la justicia transicional, sus decisiones resulten coherentes, de tal manera que su credibilidad y respeto salgan fortalecidos. La ciudadanía debe entender, así mismo, que no es por el camino de los sentimientos de venganza, ni con una especie de "ley del talión" con que se puede construir paz en Colombia, y que lo fundamental es que quienes hicieron el mal reparen a las víctimas, y se cierre para siempre el círculo vicioso de la guerra.