No llegamos a la mitad de enero y ya se cuentan por lo menos siete líderes sociales asesinados en nuestro país. El propio presidente, Iván Duque, ha salido al paso de esta situación y anunció nuevas medidas que permitan proteger a estas personas, pero el problema es tan grave que parece difícil de contener. El Plan de Acción Oportuna que se anunció hace tres meses para lo mismo no da resultado, pues los bandidos atacan en cualquier parte y en cualquier momento. Es imposible ponerle un escolta a cada persona amenazada o en riesgo y las condiciones de seguridad de Colombia demuestran que las dificultades para ejercer el liderazgo en ciertos territorios es una sentencia de muerte.
La Defensoría del Pueblo cifró en 164 asesinatos el total de los líderes asesinados el año pasado, lo que debe ser un escándalo, pues no podemos hablar de que estamos en un país en paz si se presentan este tipo de situaciones de violencia sistemática contra quienes se destacan en sus comunidades para enarbolar causas que consideran justas. El procurador general, Fernando Carrillo, invitó a que se convoque la comisión de garantías de seguridad para detener el desangre que ya varios sectores comparan con la matanza a cuentagotas que acabó con el partido político Unión Patriótica a finales del siglo pasado.
De acuerdo con los informes publicados por diferentes medios sobre las labores que ejercían estos líderes asesinados, se encuentra que se trata de personas clave para que el Estado pudiera ejercer sus políticas públicas en el territorio, tanto en torno a la sustitución de cultivos ilícitos como a la puesta en marcha de proyectos clave para el postacuerdo con las Farc. De hecho, algunos de ellos han sido asesinados por las disidencias del otrora grupo guerrillero que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano.
El Estado tiene que impedir que los violentos sigan copando espacios y no puede siquiera permitir que se sientan legitimados. Las estructuras criminales tienen que ser combatidas sin ninguna consideración, independiente de su origen. Será la única manera en la que se pueda recuperar el control del orden público y brindar garantías a los colombianos, sobre todo en los territorios que han sufrido por la violencia permanente y en donde se están cometiendo estos crímenes.

En estos momentos se recuerda la fragilidad de los acuerdos de paz históricamente, no solo en Colombia. Este tipo de hechos abren las puertas a nuevas violencias, como se demuestra en diferentes realidades. Y eso es lo que puede estar pasando en Colombia, en donde la gasolina del conflicto sigue siendo el narcotráfico, un tema que supera cualquier ideología, pues ha tenido la capacidad de corromper en todos los niveles. Las autoridades no pueden restarle importancia a lo que sucede con el asesinato sistemático de líderes sociales. A esto se le tiene que prestar toda la atención y parar la sangría. No nos podemos permitir seguir perdiendo a nuestras mejores personas y menos en estas circunstancias.