Según la jefe de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carmen Pagés, el régimen público de pensiones en Colombia le quita a los menos favorecidos para subsidiar a los de mayores ingresos. Así lo dijo la funcionaria del organismo multilateral durante el X Congreso Internacional de Asofondos que se realizó en Cartagena la semana pasada. Hizo un llamado urgente para impulsar una reforma que mejore el sistema pensional, sobre el cual también criticó que está muy desintegrado y hay muchas incoherencias entre lo que pasa en Colpensiones y en los fondos privados.
Lo cierto es que gran parte del origen del problema está en la baja formalización laboral que se tiene en Colombia, de tal manera que no será posible impulsar una buena reforma pensional si a la par no se hacen cambios importantes en el régimen laboral que fomenta altos niveles de informalidad (65%). La verdad es que muy pocas personas cotizan para poder pensionarse (8 millones de 22 millones de trabajadores), debido a los problemas estructurales del modelo. Por ejemplo, es fundamental que se les baje a las empresas sus aportes parafiscales, los cuales siguen siendo un obstáculo para que la contratación de personal sea mayoritariamente formal.
Para estudiar el asunto y plantear salidas a este creciente embrollo, el presidente Juan Manuel Santos anunció que se creará una comisión que estructure un proyecto para ser discutido en el Congreso de la República. No obstante, es casi un hecho que la actual administración no impulsará esos cambios en los cerca de 15 meses que le quedan, y mientras tanto esa "bomba" seguirá ganando presión y poniendo en aprietos las finanzas del Estado. Además, el país envejece con rapidez con el agravante de que apenas el 23% de las personas de la tercera edad reciben algún tipo de pensión, aunque la mayor parte correspondiente a programas como Colombia Mayor o los BEPS, que no son pensiones como tales.
Las transformaciones necesarias deben apuntar a ampliar los cotizantes; actualmente solo el 35% de los trabajadores aporta para obtener el derecho a pensionarse. Tal situación lleva a que el sistema sea insostenible y a que pueda estallar en algún momento si no se aceleran los ajustes. El Gobierno gasta cada año $38 billones en pensiones, con el agravante de que ese dinero queda en muy pocas manos, mientras que muchos cotizantes pequeños no se alcanzan a pensionar.
Así, pues, hoy en Colombia se gasta más en pensiones que en salud o educación, e inclusive más que en defensa. Se deja de invertir en sectores sociales estratégicos para impulsar la productividad y competitividad del país por hacerlo en un sistema que es absolutamente inequitativo, que contrario a cerrar brechas entre ricos y pobres las abre más cada día. Además, es fundamental que se hagan ajustes para que la mayor parte de la gente prefiera los fondos privados porque les dará mejores pensiones en el futuro, y no siga recargando el régimen de prima media que maneja el Estado.

Según cálculos del BID, así en nuestro país se suba 5 años a la edad de pensión, el problema en el régimen público no se remediaría antes del 2050. Tampoco habría mayores cambios si se incrementan los aportes o se bajan las mesadas. Se necesitan decisiones de fondo si se quiere evitar que el déficit del sistema afecte gravemente el erario y se convierta en un lastre insostenible. Como van las cosas, en el 2100, según Naciones Unidas, la proporción de población colombiana por encima de los 65 años respecto a la población en edad de trabajar será del 60%, lo que haría inviable un régimen de pensiones de reparto como el que se tiene.