Decenas de mineros mueren cada año en Caldas, en hechos frecuentemente ocurridos en socavones en los que se ejerce esa labor sin las debidas medidas de protección y seguridad industrial. Tales circunstancias ocurren porque cunde la ilegalidad y la informalidad, ya que si en las minas la extracción de los minerales se hiciera bajo parámetros regularizados se tendría la obligación de proteger de mejor manera las vidas de los hombres y mujeres que laboran bajo tierra. Por eso, y para cerrarles el paso a organizaciones criminales que se lucran de la minería ilegal es fundamental intensificar los controles.
Es lógico que quienes se dedican a esta actividad con la sola intención de llevar el sustento económico a sus hogares sientan desazón ante operativos de las autoridades para frenar las irregularidades, frente a las cuales tradicionalmente se ha tenido demasiada permisividad y laxitud. Lo ocurrido recientemente en las veredas La India y La María de Anserma, donde sin tener que usar la fuerza la Policía y el Ejército evitaron que se continuara con la minería ilegal, y donde 18 personas fueron detenidas por incurrir en dicha ilegalidad, es lo que tiene que hacerse en todos los lugares de Caldas y de Colombia donde no se respetan las mínimas normas para el oficio. Allí los mineros están en permanente peligro, porque es una zona de inundación del río Cauca.
Las autoridades departamentales y de Policía, que son las encargadas de monitorear la minería en la región y garantizar que se ejerza cumpliendo lo legal, deben mantenerse en la actitud de luchar contra quienes realizan esa actividad por fuera de le ley. Esa será la única manera de garantizar que los mineros no sigan muriendo en absurdos accidentes en socavones hechos sin técnica y bajo evidentes peligros, además de proteger el medio ambiente que nos pertenece a todos y no dejar prosperar mafias que se quedan con las ganancias del subsuelo, cuando deberían ser empresas legales y especializadas las que lo exploten y entreguen al Estado lo que le corresponde, además de generar empleos dignos.
Duele que los mayores afectados en estos casos sean personas humildes, porque las sanciones y la aplicación rigurosa de la ley debería caer con toda la fuerza sobre quienes manejan el gran negocio ilegal y ponen en riesgo la vida de mucha gente. Las autoridades deben avanzar en esa dirección y frenar definitivamente a esos oportunistas, que además acaban con la naturaleza y acaparan la riqueza del subsuelo. Sin embargo, comienzo tienen las cosas, y hay que mantener la actitud de control. Para quienes se ven perjudicados de manera directa y no tienen otras fuentes de sustento, el gobierno departamental debe buscar alternativas de desempeño en otros campos que sean legales, seguros y rentables.

En numerosos casos los grandes mineros ilegales se aprovechan de la pobreza de los mineros artesanales, no solo para reclutarlos a su favor, sino para sepultar la actividad cultural e imponer la maquinaria pesada en la extracción de los metales preciosos. El hecho de que en los operativos recientes en Anserma se hayan incautado equipos avaluados en cerca de $2 mil millones confirman esta práctica perversa que hay que castigar sin ambivalencias. En este contexto cobra importancia el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Asociación Colombiana de Minería para trabajar de la mano con las comunidades en un plan estratégico para el desarrollo sostenible del sector. Ojalá esto funcione en forma adecuada.