Se iniciaron ayer oficialmente en la vereda Mandivá de Santander de Quilichao los diálogos entre el Gobierno Nacional y representantes de la minga Indígena del Cauca, después de casi dos semanas de bloqueos en las vías principales de ese departamento. Para poder avanzar en las conversaciones, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, les exigió a los manifestantes levantar los bloqueos lo antes posible, debido a los grandes perjuicios económicos que se han generado a los distintos sectores de la producción en el suroccidente del país.
Temas alrededor de la propiedad de la tierra, el cuidado al medioambiente, la explotación minera y de petróleo, el desarrollo agropecuario y la inversión de unos $3,6 billones para los pueblos indígenas del Cauca en este cuatrienio son, entre otros, los que generan más tensiones en esa región. Muchas de las exigencias son prácticamente irrealizables, por lo menos, en el corto plazo y necesitarían de estudios muy serios antes de comprometerse con cambios que no solo involucran al Ejecutivo. No es fácil ver pronto un horizonte de salida, más cuando persisten las exigencias de que el presidente Iván Duque se desplace a la zona.
Una petición tan insensata, presionada por vías de hecho como el bloqueo de la Panamericana, solo ayuda a que haya un rechazo total de los colombianos, porque sus pedidos se convierten en acciones recurrentes que perjudican a todo el país. Puede ser cierto que haya atraso en el cumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo desde la década pasada, pero la manera de lograr que se concreten tales acuerdos no puede ser haciendo uso de la violencia, ni generando una crisis económica y social como la que allí se siente. Son muchos los alimentos, medicamentos y hasta combustibles que comienzan a escasear y también empiezan las especulaciones; eso afecta los precios y son los consumidores los que pagan las consecuencias.
Nos unimos a las voces que exigen que se ponga de inmediato fin a las vías de hecho, como presupuesto inicial para dar inicio a los diálogos y tratar uno a uno los puntos planteados. Razón tienen los gremios de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle en brindar respaldo a la posición del Gobierno de no avanzar en las conversaciones mientras que persistan los bloqueos en las vías y los perjuicios para el resto de la población. Además, en este conflicto se produjo ya la muerte de un policía, lo que constituye un acto violento muy grave que no admite atenuantes en su repudio. 
Se calcula que cada día de paro significa $4 mil millones de pérdidas para el sector productivo caucano, lo que va a impactar desfavorablemente a todos los habitantes de esa región, inclusive a los mismos indígenas y campesinos que lideran las manifestaciones. Los directivos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quienes al parecer empiezan a entender por fin que su forma de protesta no ayuda a las soluciones, deben actuar con franqueza y sensatez, para que se encuentre una luz al final del túnel. Tampoco es admisible que se desplieguen actitudes de oportunismo político que ningún bien generan.

Ahora bien, confiamos en que los diálogos arrojen buenos frutos, que haya acuerdos racionales, posibles y verificables, y que ojalá no terminen dilatándose y causando nuevos problemas innecesarios. Esperamos que al final de la jornada se cree un completo sistema de monitoreo permanente, con el que se garantice el avance gradual de cada compromiso, y que en el futuro no haya lugar a nuevas protestas como las que se viven hoy en esa zona del país.