El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio ayer explicaciones alrededor de los testimonios y documentos entregados a periodistas por el auditor de la concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, antes de su repentino fallecimiento, pero queda el sabor de que no son suficientes. Este extraño caso, en el que de manera sorprendente el hijo del denunciante murió pocas horas después, tras tomar agua de una botella que estaba sobre el escritorio de su padre, hizo que el caso de la constructora brasilera Odebrecht diera un vuelco total en Colombia. 
Martínez admitió que Pizano le habló en agosto del 2015, antes de ser nombrado Fiscal, sobre los raros manejos que se estarían dando en el contrato, pero aseguró que esa información era solo para que le informara al empresario Luis Carlos Sarmiento que era víctima de trampas de sus socios brasileños. Hay que recordar que el Grupo Aval, por medio de Corficolombiana y su filial Episol, se asoció con Odebrecht en ese importante proyecto de infraestructura, y que Martínez era el asesor jurídico de Aval. El hoy Fiscal argumentó que esa fue la razón por la que no hubo denuncia: "Si hubiera tenido la certeza (de los sobornos), lo hubiera hecho conocer a las autoridades".
Y no solo eso. También respondió: "Yo como ente privado no podía ir ante la justicia a denunciar un posible hecho de corrupción". No solo sí pudo denunciar, sino que tenía el deber de hacerlo... Este tipo de respuestas demuestra una vez más la inconveniencia de esas puertas giratorias en la que un funcionario sale del sector público al privado y regresa luego al público, y así, como en este y otros muchos casos. La única claridad que tenemos hasta el momento es que es una absoluta incongruencia que sea la Fiscalía la que investigue el caso Odebrecht en Colombia, pero más que eso, que sea Martínez el fiscal.
Ahora bien, hay que reconocer que para no interferir, el alto funcionario se declaró impedido en mayo pasado en el proceso de Odebrecht, que es lo que manda la ley cuando se presentan conflictos de interés. Sin embargo, en el punto al cual ha llegado este asunto es pertinente preguntarse si es suficiente con que sea otro funcionario de la Fiscalía y no Martínez directamente el encargado, o si se necesitaría otro escenario para que la credibilidad del avance de esas indagaciones no se perjudique y haya claridad y transparencia en la búsqueda de la verdad de lo sucedido. Hay que recordar que la investigación a Odebrecht hoy es liderada por la vicefiscal, María Paulina Riveros.
Sea como sea lo que haya pasado después de que Pizano habló con Martínez, cuando una denuncia hubiera servido para develar la gravedad de las actuaciones de Odebrecht, lo fundamental ahora es esclarecer totalmente las muertes del auditor y de su hijo en circunstancias tan insólitas. Las autoridades tienen la responsabilidad de reunir toda la información necesaria para establecer la verdad de las causas de esos fallecimientos. Hoy se sabe que el agua que tomó Alejandro Pizano contenía cianuro, lo que plantea muchos interrogantes alrededor de cómo murió su padre y todas las circunstancias relacionadas.

La manera como se dieron los hechos, las denuncias del auditor y su condición a los periodistas de Noticias Uno para solo dar a conocer tales situaciones si algo le pasara, plantea dudas muy serias que Martínez no ha logrado explicar de manera suficiente. Evidentemente Pizano sentía que era perseguido, así el Fiscal asegure que era considerado un testigo clave e importante. No pueden hacerse afirmaciones temerarias alrededor de este asunto, pero la mejor manera de poder confiar en una investigación independiente y sin sesgo es que Martínez nada tenga que ver con ella; tal vez la figura de un fiscal ad hoc sea la salida legal acertada.