Las redes sociales son un fenómeno contemporáneo propio de las características abiertas y democráticas de internet, en las que la virtualidad facilita que cualquier persona pueda publicar lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y donde es complicado ejecutar un control social efectivo acerca de la veracidad de lo que se expone en público. Esto tiene relación directa con la libertad de expresión, que es un derecho inalienable que debe ser protegido con celo, pero debemos ser conscientes de que tal libertad, si hay exceso, puede incurrir en el irrespeto de los derechos de los demás a la honra y el buen nombre.
A veces solo son mentiras veniales o falacias de poco impacto, pero en muchas otras ocasiones son afirmaciones tremendamente dañinas, que se configuran en injurias y calumnias que escalan y se convierten en afrentas imposibles de remediar. Muchos se escudan en perfiles falsos para lanzar la especie y esconder la mano. Ahora bien, para ser justos, la mayor parte de los mensajes que circulan en internet hacen aportes positivos y verdaderos, que en lugar de perjudicar le ayudan a la sociedad a estar mejor comunicada.
A comienzos de este mes el senador José David Name, del Partido de la U, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca fijar normas a las redes sociales, con especial énfasis en que se garantice la honra y el buen nombre de las personas y erradicar las noticias falsas, sin que tenga de mediar orden judicial. Es la cuarta vez que se lleva al Legislativo una propuesta como esta: las anteriores se han hundido, como ocurrió el año pasado con un proyecto que impulsó el Centro Democrático.
Lo cierto es que la reputación de personas naturales y jurídicas se ve mancillada con frecuencia por mensajes que se echan a rodar en redes sociales, con afirmaciones, montajes fotográficos, videos editados y toda clase de materiales manipulados que apuntan a enlodar a quien es blanco de los ataques. Todo eso pasa sin que se pueda hacer algo para poner fin a las ofensas y lograr el restablecimiento del honor. Muchas veces la propia retractación de poco sirve, si la publicación original sigue siendo compartida por los insondables vericuetos de la red.
De acuerdo con el Código Penal quienes cometan injuria pueden ser castigados de 16 a 54 meses de cárcel y una multa de 13 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para la calumnia la condena puede llegar a 72 meses de prisión. No obstante, no hay claridad acerca de cómo castigar estas conductas cuando se hacen con perfiles falsos en redes o anónimos en internet. También es incierto cómo denunciar informaciones falsas y quienes pueden intervenir como autoridad para decidir si un mensaje debe ser borrado o no. Son muchas las preguntas: ¿Cómo proceder para establecer la falsedad de un perfil y proceder a erradicarlo? Hay una dificultad adicional y es que las plataformas centrales se encuentran en Estados Unidos, en los casos de Facebook y Twitter, por ejemplo. ¿Qué hacer con las cuentas automáticas? Las dudas son numerosas y es un campo que se presta para arbitrariedades.

Tenemos, entonces, un claro dilema entre abrir la puerta a la censura y el libertinaje de hoy en las redes sociales. Lo ideal siempre será un punto medio muy ecuánime, con énfasis en la autorregulación, en el que las comunicaciones se enmarquen en los principios del respeto y la dignidad humana, sin que ello bloquee la emisión de críticas sustentadas y puntos de vista contrarios a los de los centros de poder. Así que el remedio no puede ser una posición radical de censura que se extralimite y rompa las bases democráticas. Hay que hallar salidas más sensatas.