Un principio básico de una democracia es que las instituciones deben ser respetadas, por encima de cualquier otra consideración. Puede no compartirse una decisión judicial contra alguien específico, pero el acatamiento del fallo no es un asunto para debatir. Sin duda, amplios sectores de la población colombiana están convencidos de la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien la Corte Suprema de Justicia le notificó ayer una medida de aseguramiento por el presunto delito de manipulación de testigos.
También hay que considerar que un organismo de la importancia de este tribunal toma determinaciones con base en hechos que puedan probarse. Si hay dudas en ello, la misma ley fija los caminos jurídicos que pueden seguirse para controvertir una medida como esta, pero siempre por los cauces institucionales. Finalmente, se debe imponer un criterio imparcial, justo, ajustado a la fuerza de las pruebas para condenar o para absolver. Debe ser un asunto meramente de razones, no de emociones.
Que el expresidente sea privado de la libertad no debe ser tomado como un triunfo para nadie, ni puede ser motivo de alegría. Es la primera vez que un expresidente se ve en una situación como esta, y eso es lamentable desde todo punto de vista. De ninguna manera puede ignorarse la importancia de su tarea en los 8 años que estuvo al frente del Gobierno para debilitar a las Farc y lograr la desmovilización de los grupos paramilitares. No podemos olvidar que en el 2002 recibió un país en el que las guerrillas envalentonadas hacían lo que querían en todo el territorio, y que al final de su mandato a esa subversión no le quedó más camino que el de pactar su desmovilización, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Es doloroso ver al expresidente Uribe en la situación actual, cuando hace una década terminaba su gobierno como un héroe. No hay duda de que su nombre no quedará en blanco para la historia y que tarde o temprano se podrá apreciar la verdadera magnitud de su figura política. Es triste ver que un hombre como él haya sido representado ante los organismos de justicia por un abogado de las características de Diego Cadena, cuestionado por la manera tramposa que usó para atender este caso, sin observar los mínimos principios éticos del derecho.

Esperamos que se le brinden al expresidente todas las garantías para un debido proceso, que se ejecute un juicio transparente, sin sesgos ni manipulaciones; que la Corte Suprema pueda actuar de manera libre e independiente, sin recibir presiones de ninguna clase y procedencia, y que el resultado de sus indagaciones y deliberaciones esté apegado al respeto de la ley. Es comprensible que haya desazón en el Centro Democrático, partido de gobierno, pero la independencia de poderes en nuestra democracia se pone a prueba con este hecho. También está en juego que sea posible un futuro en paz para Colombia, un país que merece saber la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado y en el que cada vez se tengan instituciones más sólidas y firmes, profundamente democráticas.