El Congreso elegirá hoy al nuevo contralor General de la República, un cargo con amplia capacidad nominadora y con una facultad de ejercer presión constante sobre sus investigados, lo que hace a quien ocupa esta dignidad una persona con mucho poder político. Si nada extraordinario ocurre, el elegido será Carlos Felipe Córdoba, pues los apoyos a José Félix Lafaurie y Wilson Ruiz, quienes tenían algún respaldo parlamentario y eran sus más fuertes contendores, parecían desvanecerse. Esta elección llevó incluso a que tres expresidentes de la república, Uribe, Pastrana y Gaviria, se olvidaran de sus viejas peleas y se reunieran esta semana a tratar de acordar un nombre de consenso para esa posición.
A pesar de la reforma que se hizo en la metodología para elegir al contralor y que ahora pone en manos de una universidad la calificación de pruebas y hoja de vida, cosa que antes hacían las cortes, al final sigue eligiendo el Congreso de la República, con el natural interés partidista. Se corre el riesgo de que en lugar de nombrar a alguien que sea independiente, se opte por el que les garantice más juego burocrático a quienes lo eligen, por lo que se termina por escoger al amigo en lugar del más indicado.
El saliente contralor, Edgardo Maya Villazón, se va del cargo con la frustración de no lograr la reforma de unificar el control fiscal en un ente, en lugar de tenerlo parcelado, en contralorías regionales y locales. Esto es ineficiente y encarece la labor pública. Como si fuera poco, los resultados de estas entidades son realmente pobres. La mayoría de sus hallazgos no terminan en nada y ni hablar de la recuperación de recursos perdidos en las malas ejecuciones o en la corrupción. Si acaso se recuperan centavos. Quien sea elegido hoy deberá pensar en lograr un cambio que sirva a los intereses del país. Que sea una contraloría con dientes y no un ente complaciente que sirve solo para acomodar a los amigos de los políticos.
Las contralorías tienen que ser entes técnicos, alejados de los políticos, al estilo de las revisorías fiscales en las empresas privadas. Estas cumplen con una función fundamental y rinden cuentas ante las juntas directivas. Por esta razón, es útil que se piense en este sistema. También es necesario que los comités para la moralidad pública sirvan para algo y esto puede impulsarse desde los entes de control fiscal, toda vez que se multiplican esfuerzos para averiguar los mismos exabruptos. No tiene sentido que Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, y en muchos casos Personería, indaguen lo mismo y lleguen a conclusiones diferentes en responsabilidades. Debería centrarse la actuación investigativa y luego cada organismo decidir en cuanto a lo competente, pero ahora lo que se hace es dilatar procesos, por esta multiplicidad ineficiente, y por eso en lo fiscal, muchas indagaciones terminan en vencimientos de términos.

Esperemos que el contralor que sea elegido hoy, tome nota de lo que pasa con la corrupción exacerbada, que venga con un proyecto claro de independencia, que sea capaz de enfrentarse a los poderes locales para centralizar el ejercicio fiscal y que dé a este organismo la majestad que todos esperan. Para eso será necesario que tome distancia de los políticos que lo elegirán hoy y del Gobierno, que le da el guiño.