El guion ya lo conocemos. Grupos armados se enfrentan por encima de la población civil. La gente huye o se encierra por miedo a los que mandan. Estos ordenan que nadie puede salir. La región alerta al Gobierno Nacional. Este no reacciona oportunamente. Cuando presta atención, el problema humanitario se ha extendido y los ejércitos ilegales tienen copada la zona. Entonces llega una comisión del más alto nivel a recibir las quejas de los pobladores, a prometer soluciones y seguramente entre las primeras estará la presencia de más tropa, que indefectiblemente atiza la hoguera.
Esa situación que se vive en el Catatumbo, en Norte de Santander, en límites con Venezuela, es historia conocida por todos y resultado del mismo mal diagnosticado desde los orígenes de la República, el abandono estatal. Se trata de una rica región en productos agropecuarios y con yacimientos petrolíferos, en donde se calcula que habitan unas cien mil personas. Los actores armados se interesan por la siembra de la coca y por el contrabando, y son los grandes empleadores, en donde las alternativas legales son mínimas. Se carece de todo apoyo gubernamental.
El vicepresidente encabezó la comitiva que viajó ayer a reunirse con los representantes de la ciudadanía y ver cómo pueden atender esta situación problemática. Más allá de la seguridad, el sitio ordenado por el Epl, antigua fuerza insurgente convertida en organización narcotraficante, el principal problema hoy es que escasean los alimentos para la población que se encuentra confinada por orden de los delincuentes, tal como lo denuncian los representantes de la población civil. A la guerra entre combatientes del Eln y del Epl para hacerse con el control de la zona, la orden de paro armado tiene a la comunidad en vilo y sin manera de protegerse.
De ahí que el fin de semana se haya celebrado en El Tarra la asamblea por la paz, que pretende que los grupos armados respeten a la población civil, una petición muy lógica y loable, pero a la que este tipo de organizaciones no les importa, como lo muestran todos los antecedentes. La solicitud de estas comunidades se dirigió a los grupos en disputa para que las dejen en paz; y al Gobierno, para que atienda de manera pronta la situación humanitaria y para que no vaya a buscar la solución armada, sino que opte por una salida pacífica con estas agrupaciones, toda vez que en guerra, los que seguirán pagando los platos rotos, serán los ciudadanos.

Los acuerdos de paz del Gobierno con las Farc hablan de que el Estado copará las regiones más golpeadas por el conflicto interno y en donde su presencia ha sido nula. El Catatumbo es un buen ejemplo de ello, una región que padece toda clase de males por cuenta del abandono gubernamental. Es lo mismo que está sucediendo en el sur del país y en zonas de Urabá, pero bajarles el tono a la gravedad de estos episodios se ha vuelto la respuesta repetida desde Bogotá. Lo mejor será reconocer los problemas para enfrentarlos. Ayer llegó la delegación del Gobierno con 2.500 toneladas de ayuda humanitaria, pero esto solo servirá para paliar la situación. Si no se atacan los problemas estructurales, seguramente tendremos que ver cómo se repite este guion.