Canadá parece tomar el camino correcto en una nueva estrategia para enfrentar el problema de las drogas, al legalizar el uso recreativo de la marihuana, con permiso para portar 30 gramos y tener cuatro plantas por hogar. Ese país se convirtió esta semana en el primero del G-7 en dar ese paso que ya Uruguay comenzó a caminar desde el año pasado. En Portugal la despenalización del uso de drogas desde el 2000 abarca todo tipo de sustancias y los resultados indican que el enfoque prohibitivo tiene cada vez menos argumentos para ser aplicado. Holanda lleva décadas tolerando su consumo sin restricción, y es una de las naciones más pacíficas y prósperas de Europa. Así, en Colombia vamos en contravía de lo que mejor funciona para atacar a las mafias del narcotráfico.
Hay expectativa acerca de lo que esta medida puede significar para Canadá en impacto social, cultural y económico. Se calcula que cada año se tendrán ventas por unos 6.500 millones de dólares, con incidencia significativa en las finanzas de ese país. Desde el 2001 se permite allí el uso del cannabis como medicina, así como en ocho estados de los Estados Unidos donde también es legal cultivar plantas en viviendas, lo que también arroja resultados positivos en materia de salud. Ahora que la industria es legal, Canadá tendrá nuevos ingresos tributarios que en buena medida servirán para impulsar campañas que alejen a los jóvenes del cannabis y que permita tratamientos médicos eficientes para los adictos.
En junio del año pasado México también aprobó el uso de la marihuana con fines terapéuticos, y con lo ocurrido más al norte es seguro que muy pronto se tomen decisiones similares como estrategia para golpear las finanzas de los carteles de las drogas. De acuerdo con el más reciente Informe sobre las Drogas de la ONU, en 2016 consumieron marihuana 192,2 millones de personas en el mundo, el 2,56% de la población mundial. Si se legalizara en todo el mundo, las cifras de comercialización se acercarían a los 250.000 millones de dólares (unos $750 billones), por los que la industria pagaría cuantiosos recursos en impuestos.
Sin embargo, más allá de las motivaciones económicas, entendiendo que la marihuana no es inocua, lo cierto es que se ha demostrado que la prohibición es peor que la legalización. Seguirán las discusiones acerca de la posibilidad de que los jóvenes tengan más cerca esa sustancia para su consumo, pero eso se combate con educación que les muestre las consecuencias para la salud, como ya se ha hecho con el tabaco y el alcohol con muy buenos resultados. Se acaba con el negocio de la distribución ilegal en las calles, con lo que la delincuencia que genera violencia pierde toda posibilidad de seguir con su negocio a los niveles de rentabilidad que hoy tiene, y se marchita dicha actividad clandestina. 

El caso portugués, en el que nadie es detenido si porta menos de la dosis para 10 días de consumo personal (dos gramos de cocaína, 25 gramos de marihuana o un gramo de heroína o de anfetamina, por ejemplo), enfrenta mejor el problema porque quien lleva su dosis legal es citado a “comités de disuasión” conformados por profesionales sociales, médicos, psicólogos y abogados para ayudarle a dejar su adicción y emprender tratamientos. Al adicto se le ve como lo que es, un enfermo que debe ser atendido por el Estado en programas de salud pública. Las duras críticas iniciales a Portugal se han ido convirtiendo en reconocimiento a su éxito: una buena combinación entre la legalización y los servicios que se prestan a los consumidores parece ser el camino correcto. Desde todo punto de vista, los resultados son mejores que en esquemas prohibitivos, donde los más beneficiados son los delincuentes que trafican ilegalmente con esas sustancias. Además, la Policía dedica sus esfuerzos a perseguir a los verdaderos criminales y no a los pequeños consumidores. El paso dado por Canadá aporta nuevos elementos a lo que debe ser el enfoque de la nueva lucha contra las drogas.