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El más reciente informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) es contundente: el año pasado las áreas cultivadas con coca en Colombia se incrementaron en un 52%, al pasar de 96 mil hectáreas en el 2015 a 146 mil hectáreas en el 2016, algo realmente grave. El análisis del organismo internacional evidencia cómo la mayor cantidad de nuevos cultivos están en zonas de frontera con Venezuela y Ecuador, específicamente en Norte de Santander, Nariño y Putumayo. También en el norte de Antioquia y el sur de Bolívar. Sin embargo, a la par con esta situación las incautaciones de droga también subieron en un 49%, al pasar de 253 toneladas de cocaína en el 2015 a 378 toneladas el año pasado. Este año ya van 200 toneladas.
Estas cifras lo que estarían develando es que si bien se está haciendo un mayor control al narcotráfico que ejercen las bandas criminales (sobre todo Clan Úsuga), las disidencias de las Farc y el Eln, también es verdad que los cultivadores tradicionales de estas plantas ilegales se expandieron con la idea de obtener beneficios de las políticas de sustitución que impulsa el Gobierno Nacional, bajo el amparo de los acuerdos con las Farc. Aunque paradójicamente no es en las zonas que tuvieron el manejo hegemónico de esa guerrilla donde más crecieron los cultivos. Como sea, ambas cosas son preocupantes y requieren estrategias muy fuertes para lograr resultados que devuelvan la esperanza de superar, por fin, el deshonroso liderazgo en el cultivo y producción de sustancias alucinógenas.
Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, las Fuerzas Militares deben reforzar la ofensiva contra las organizaciones que participan de este lucrativo negocio, que en los años recientes ha recibido el beneficio económico de un peso devaluado frente al dólar. Eso significa librar una batalla sin cuartel en contra de los carteles que usan toda clase de artimañas para procesar la droga en medio de la selva y transportarla por distintas rutas hacia los grandes centros consumidores del mundo. Para ello, es fundamental trabajar de manera muy coordinada con otros gobiernos que también luchan contra los narcotraficantes.
Frente a los crecientes cultivos ilícitos, se deben acelerar los procesos de sustitución por otros cultivos que no solo aseguren su comercialización con márgenes razonables de rentabilidad, sino que se conviertan en impulsores del desarrollo económico y social del país. Para esto es clave usar una buena porción de los recursos entregados por los Estados Unidos para el programa Paz Colombia, y ser estrictos en el cumplimiento de los compromisos de los cultivadores de no retornar a la ilegalidad, so pena de ser castigados severamente. 
El gran desafío es demostrar que lo establecido en el punto 4 del acuerdo de paz con las Farc es el mejor camino para erradicar para siempre ese flagelo que tanto mal ha causado. Si eso se da será posible para el 2018 obtener recursos de Estados Unidos cercanos a los 336 millones de dólares (25% más que lo sugerido por el presidente Donald Trump), como lo propone la Comisión de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de ese país. Si no hay buenos resultados, por el contrario, la ayuda podría desplomarse.

Lo fundamental es que se consolide la confianza entre un Estado que cumple con los apoyos y unas comunidades que dejen para siempre los cultivos ilícitos, y de esa manera enfrentar al crimen organizado que buscará por todos los medios defender sus intereses. Hay que garantizar que los campesinos evadan con éxito la presión de estas bandas criminales y se conviertan en actores decisivos para la construcción de un nuevo país, en el que incluso pasen a ser empresarios del campo que aporten positivamente a la seguridad alimentaria y a la salud de la economía. Un beneficio adicional es que así podrá evitarse que el medioambiente siga sufriendo, como lo ha hecho por décadas.