Bogotá y Medellín afrontan emergencias ambientales delicadas, que han llevado a sus alcaldes a tomar medidas de choque. La capital colombiana comenzó un pico y placa extendido, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, y los fines de semana en horarios exigentes. La idea es que una menor circulación de vehículos ayude a bajar la contaminación del aire. Sin embargo, la realidad es que las medidas adoptadas por el Distrito no tienen un impacto contundente y el aire mejora poco. La emergencia en este caso permanece en nivel amarillo. En el caso de Medellín, el pasado lunes la Administración Municipal también decretó la emergencia y se adoptaron fuertes restricciones sin que se conozca aún el balance de su efectividad.

En Bogotá, 12 de las 14 estaciones de monitoreo de calidad del aire dan cuenta de un nivel "regular" de partículas contaminantes. Las otras dos están en nivel naranja, que indican la gravedad a la que se ha llegado. Desde hace unas semanas también operan horarios especiales para la circulación de automotores de carga con una antigüedad mayor a 10 años. Todo indica que se necesitan medidas más drásticas y no solo orientadas a los vehículos para lograr un descenso significativo en la contaminación, la cual ganó ventaja, sin duda.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, mostró esta semana su preocupación al respecto, y para ello convocó a una consulta popular por el aire (que aún no tiene fecha) y anunció diez acciones de mitigación. En esa lista llama la atención la creación de un escuadrón antichimeneas, dos pilotos con Encicla -el sistema de bicicletas públicas- y más tramos de ciclorrutas en el norte y sur de la ciudad. Ya la semana pasada se había ampliado el pico y placa ambiental a 24 horas.

La situación no es nueva y, por el contrario, viene agravándose desde años atrás. Por eso, los medellinenses parecen entender, en su mayoría, la pertinencia de obligar a las ladrilleras de la ciudad a migrar a un funcionamiento con gas; que los carros nuevos de la Alcaldía tengan que ser eléctricos así como los nuevos buses del Metroplús; que los vehículos con más de 20 años no puedan circular en Medellín. También resulta acertado que empiece una campaña de siembra de 70 mil árboles en la ciudad, a partir del 21 de marzo.

A futuro se endurecerían las exigencias, como que los vehículos usados para obras públicas tengan que ser a gas o eléctricos, que se prohíban las industrias que utilizan carbón, que las nuevas construcciones tengan electrolineras en sus parqueaderos, que se comience a cobrar a los vehículos un impuesto por contaminación y que, por fin, sea eliminado el uso del dísel. En todas las ciudades colombianas debería tenerse un plan de acción orientado a bajar rápidamente la contaminación del aire, y prevenir la posibilidad de emergencias como las de Medellín y Bogotá.

En Manizales existe ya una Mesa por la Calidad del Aire, en la que participan autoridades ambientales y empresas comprometidas con ese propósito. No obstante, falta tomar decisiones más efectivas que garanticen un aire limpio. Los empresarios del transporte podrían contribuir cambiando los motores dísel de la mayoría de sus vehículos por otros que funcionen a gas o que sean eléctricos.

En este mismo sentido hay que reconocer la victoria temprana del alcalde Carlos Mario Marín, al comprometer al Gobierno Nacional con el aporte del 70% al Sistema Integrado de Transporte de Manizales (SITM) que propone el mandatario, y que incluye la tercera línea del Cable Aéreo entre Los Cámbulos y el sector de El Cable. Hay que avanzar más rápido en soluciones reales a la creciente contaminación del aire, y poner el ambiente como prioridad.