Quedó claro que lo que sigue para Manizales es la reconstrucción y la toma de medidas que prevengan futuras tragedias. Así se estableció tras la visita del presidente, Juan Manuel Santos, una semana después del catastrófico aguacero que azotó a la ciudad, el cual dejó 17 muertos y por lo menos unas 3.000 familias afectadas por la pérdida de sus viviendas o porque tuvieron que ser desalojadas por amenaza de futuros deslizamientos. No todas podrán regresar a sus hogares. 
Seguro, ya lo anunció el alcalde sin precisar, se afectarán las inversiones de muchos planes propuestos por su Administración y deberá replantear seguramente algunos de sus proyectos como ya les sucedió a algunos de sus antecesores en el pasado. La declaratoria de calamidad pública es el paso para poder ejecutar movimientos presupuestales que se asignarán seguramente a través de urgencia manifiesta. Esto quiere decir, sin necesidad de cumplir con los rigores de la Ley 80. La legislación previó este mecanismo para momentos como este y permitirles a los encargados del gasto responder con prontitud a las necesidades de una ciudad o región. Es una vía rápida para cumplir los inesperados compromisos que llegan de manera fortuita y que no dan espera.
El presupuesto aprobado para Manizales en el 2017 es de 618 mil millones de pesos, la misma cantidad que calcula el alcalde, José Octavio Cardona, se necesita para recuperar todo lo afectado y prevenir futuras tragedias. Esto muestra el tamaño del daño. Sin embargo, lo más urgente es lograr 120 mil millones de pesos para atender las prioridades. Porque se debe tener en cuenta que si no se intervienen a tiempo ciertas laderas, se pueden generar nuevos desastres. 
Hay que recordar que el Consejo de Estado ha advertido en reiterados fallos que las declaratorias de urgencia manifiesta no eximen a las administraciones de ser rigurosas en la adjudicación de contratos ni de la calidad de las obras que se ejecuten. No por la premura se pueden obviar principios fundamentales de la contratación pública. Al contrario, en casos como el que vive Manizales se hace necesario contratar a las firmas más idóneas y garantizar que hasta el último centavo se invierta de la mejor manera. La ventaja es que desde Corpocaldas y desde Aguas de Manizales, Juan David Arango, director de Corpocaldas, ha sido prenda de garantía para invertir los presupuestos, lo que se demuestra en la cantidad de firmas que se presentan a las licitaciones.
De tal suerte, que será muy importante que además del modelo que es Manizales en prevención del riesgo y atención de emergencias abandere el liderazgo en la transparencia. De acuerdo con el más reciente informe de Transparencia por Colombia la ciudad se encuentra, como muchas otras ciudades capitales, en riesgo medio de corrupción. Una buena manera de bajar este riesgo es haciendo procesos transparentes y públicos, que garanticen a los manizaleños que sus recursos están bien invertidos.

Qué oportunidad se ofrece para mostrarle al mundo que no solo la solidaridad es asunto del ADN de los manizaleños, sino que también es un lugar en donde se brinda confianza, otro valor que identificó el colectivo Estoy con Manizales como necesario promover en una ciudad que busca ser la mejor en calidad de vida para sus ciudadanos.