El cobarde asesinato de ocho policías en una emboscada en el caserío El Tomate, entre San Pedro de Urabá y Arboletes, en límites de Antioquia y Córdoba, ejecutado por el Clan de Golfo, exige que la respuesta del Estado sea contundente. No podemos desconocer que la operación Agamenón que impulsan las Fuerzas Militares ha dado frutos, con la captura de algunos líderes, la baja de otros en combate y la incautación de cargamentos de cocaína, pero es necesario arrinconarlos al punto de que no les quede más salida que rendirse. Sería muy triste que después de desarmar a las Farc y de tener la posibilidad de finalizar el conflicto con el Eln, permitamos que una banda criminal nos desestabilice.
En medio del rechazo que generan ataques terroristas que no se daban desde hacía mucho tiempo en el país, es una buena noticia que la Dirección de Antinarcóticos de la Policía haya capturado en Cúcuta al llamado ‘Señor de la Guerra’ o ‘El Indio’, quien según las fuentes oficiales dotaban al Clan del Golfo de armamento de alta capacidad. Es necesario que día a día se golpee esta estructura y que, gracias a esa presión, los delincuentes terminen capturados o entregándose, y que los procesos judiciales se desarrollen con eficiencia, transparencia y determinación. El objetivo tiene que ser que no vuelvan a delinquir, que no tengan la posibilidad de seguir haciendo el mal de ninguna manera.
Está muy bien que el presidente Juan Manuel Santos condene con toda energía estos ataques, y que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, asegure que se reforzarán las operaciones, pero se requieren resultados que le devuelvan la tranquilidad a los colombianos de las zonas en las que tiene presencia esta banda, conformada principalmente por exparamilitares. El asesinato de los agentes de la Policía, quienes custodiaban a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras en esa zona del país, podría significar la molestia de dicha organización ante la posibilidad de que regresen los pobladores iniciales de esas tierras, las cuales fueron despojadas en el pasado por grupos irregulares, como ellos.
Hay que desmantelar totalmente al Clan del Golfo, así como a todas las bandas criminales que usan la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, y toda clase de actividades ilícitas para enriquecerse y generar terror. Es verdad que hoy tenemos un país más tranquilo que hace una década, que las cifras globales de homicidios son las más bajas en 32 años, que estamos más cerca de avanzar en la construcción de paz que de regresar a escenarios de guerra, pero no puede dárseles ventaja a quienes insisten en el terrorismo. La contundencia del Estado tiene que ser real, sin dejarse llevar a las trampas que ponen los delincuentes.
Los responsables directos de la masacre de los miembros de la Fuerza Pública tienen que ser capturados y castigados sin contemplaciones. Solo con garantías de cero impunidad y la determinación que evidencie que sus acciones no tienen posibilidades de éxito podrá derrotarse a estos delincuentes. Este tipo de organizaciones son las que le dan combustible a fenómenos como el microtráfico de estupefacientes en las ciudades, el cual es el origen de muchas muertes, y sobre todo de que una buena cantidad de jóvenes anulen sus opciones de futuro. El más grande reto de la seguridad en el país es romper el círculo vicioso de la delincuencia que organizaciones como el Clan de Golfo mantienen vivo.

Hacemos un homenaje al subintendente Fabio Sarmiento y los patrulleros Never Alfonso Sierra Franco, John Jairo González Cardona, José David Pérez Hernández, Darlin Rodríguez Sarabia, Jorge Pacheco Solano, Giovanny Rodríguez Castaño y José Alejandro Sade Ballesteros, quienes entregaron sus vidas en la lucha contra esta banda. La mejor manera de compensarlos es cerrarle todos los caminos a ese grupo criminal, liderado por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.