Los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez fueron los encargados de liderar la Comisión Especial que elaboró el proyecto que el presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado martes para ejecutar cambios profundos en la Policía Nacional, de tal manera que la institución esté sintonizada con los nuevos requerimientos del posconflicto. En el fondo la idea es que deje de actuar como una pieza más de las Fuerzas Militares, como le tocó hacerlo cuando la subversión era el principal problema, y enfoque más sus acciones a la seguridad ciudadana, en brindar tranquilidad en las áreas urbanas, donde se están dando los casos más complejos de orden público.
La delincuencia organizada, encarnada por las bandas criminales, viene ejecutando sus acciones con gran énfasis en las ciudades y lugares poblados, y es previsible que el fin del conflicto con las Farc y la posibilidad futura de que se llegue a un acuerdo similar con el Eln exija que se trabaje más en las ciudades con un enfoque de convivencia, papel que debe ser asumido por la Policía. Desde luego que no se puede descuidar lo rural, debido especialmente a la realidad de la minería ilegal y el narcotráfico, pero ya no todos los énfasis tendrán que hacerse allí, como era el imperativo del pasado.
El presidente Santos señaló que efectivamente se tenía que trabajar en una mayor profesionalización de los agentes de la Policía, lo cual va de la mano de un trabajo más técnico y especializado en las estrategias de seguridad ciudadana, así como de la mejora en el funcionamiento del sistema de cuadrantes, y al mismo tiempo un fortalecimiento de los carabineros para que todas las actividades delincuenciales que se sigan dando en zonas alejadas de las ciudades puedan ser intervenidas de una manera más rápida y efectiva. Ahora bien, también es importante que se dé una mayor articulación con la Fiscalía en materia de investigación criminal, para que no se genere el círculo vicioso de la captura de peligrosos delincuentes que salen libres al poco tiempo.
La Policía, infortunadamente, no ha sido ajena a los escándalos de corrupción y a comportamientos que afectan los derechos humanos, en lo cual tienen que trazarse derroteros muy claros, porque uno de los presupuestos fundamentales para que la institución funcione bien es que proyecte credibilidad y respeto. De otra manera todo lo que se haga tendrá poco impacto en la ciudadanía y la colaboración que tanto necesita la Policía para contener a los criminales se verá perjudicada. Tiene que ser una institución más cercana al ciudadano y más sintonizada por la garantía de derechos.
En ese mismo sentido, la aplicación del nuevo Código tiene que hacerse con mucha inteligencia, sin permitir que los miembros de esa institución se extralimiten, como ha ocurrido en muchos casos, incluso en contra de los medios de comunicación. Por esto, en la medida en que haya una mayor transparencia en cada uno de los actos de los policías, donde las veedurías ciudadanas tengan peso, las rendiciones de cuentas no sean un saludo a la bandera y avance con efectividad la depuración en toda la institución, cada vez serán mejores los resultados que logre la Policía en materia de seguridad para los colombianos.

Quedamos, pues, a la espera del desarrollo del documento Conpes en el que se establecerán todos los cambios estructurales y el plan para ponerlos en marcha, para que con el documento completo y oficial se puedan avanzar en interiorizar en la sociedad colombiana tales transformaciones. Algunos consideran pertinente que la Policía deje de depender del Ministerio de Defensa y pase a la cartera del Interior, pero nos parece acertada la recomendación de los expertos en el sentido de que todavía será necesario lograr una buena coordinación con las Fuerzas Militares y evitar que se regrese a las épocas de la politización de la Policía.