Como buen régimen autoritario, la Presidencia de Venezuela al mando de Nicolás Maduro respondió en tono desafiante a los llamados de la comunidad internacional, para que respete el pronunciamiento democrático de siete millones 200 mil ciudadanos que no están de acuerdo con modificar la Constitución Nacional. Con su actitud caprichosa busca que el chavismo se perpetúe en el poder y cerrar el campo de acción a las fuerzas opositoras. De manera irreverente sale a enfatizar su proyecto antidemocrático, bajo el maquillaje de una supuesta salida participativa en la que los elegidos como constituyentes serán parte del establecimiento.
Líderes de la Unión Europea le han solicitado de todas las formas a Maduro que no siga desconociendo una realidad que se evidenció el pasado domingo, y que permita que se dé un debate político equilibrado y respetuoso. A eso se sumó el gobierno de Estados Unidos, que si bien hoy en día no es el mejor ejemplo de acatamiento a principios democráticos, sí representa una fuerza importante de la comunidad internacional que debe tenerse en cuenta. Pese a que Donald Trump amenazó con imponerle sanciones económicas a Venezuela si hace la constituyente, Maduro se empeña en seguir adelante.
Los líderes chavistas deberían comprender que si una enorme porción de ciudadanos se expresaron de manera espontánea para clamar por una democracia real, tal exigencia tiene que ser atendida. Es de dictadores pasar por encima de la voluntad popular, y más cuando solo se busca imponer por la fuerza un remedo de democracia para condenar al silencio a los opositores. El mundo libre no puede permitir que a los ojos de todos se llegue a estos extremos, y que inclusive el pueblo sea agredido en las calles como ha pasado durante cerca de tres meses de protestas.
Maduro y sus escuderos han demostrado de distintas formas su desdén ante el reclamo internacional para que no persistan sus abusos. En la Organización de Estados Americanos (OEA) se han hecho toda clase de sugerencias para que el gobierno venezolano entre en razón, y la misma fiscal general Luisa Ortega, quien renegó del chavismo cuando lo vio actuar de manera tan arbitraria, ha hecho señalamientos bien sustentados sobre la inconveniencia de que el gobierno se empeñe en llevar al país al abismo. Eso fue lo que llevó a congresistas chilenos y colombianos a denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por sus graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Ya el Gobierno de Colombia ha advertido con claridad los perjuicios que se le causan a nuestro país cuando el presidente venezolano ha actuado de manera unilateral en contra de nuestros nacionales en la frontera. No obstante, Maduro prefiere aumentar las tensiones que esforzarse para que los ciudadanos de aquí y de allá no sufran las consecuencias de sus errores en materia política y económica, dando lugar a una bomba social que podría explotar de manera desmedida. No puede seguir pensando en chantajear al mundo con su petróleo, menos en un escenario en el que los precios del crudo están en el piso.

El presidente venezolano tiene que comprender que cada vez se queda más aislado y solitario y que su empecinamiento lo llevará a chocarse violentamente contra el resto del mundo. Lo mejor que puede hacer es actuar como estadista, llamando a la concertación y abriendo la posibilidad de conformar un gobierno de unidad nacional que represente de manera real los deseos de los venezolanos. Es triste ver que un país con sus potencialidades se hunda en el fango, producto del capricho irracional de su líder. Persistir en la constituyente hará que sea denominado claramente como dictador.