El paso de Luiz Inácio Lula da Silva por la Presidencia de Brasil en la década pasada marcó un hito histórico por sus logros significativos en la disminución de la pobreza, por haber gobernado sin chocar en forma agresiva con el fuerte sector privado del país y por sus sorprendentes resultados económicos. Todo eso causó sorpresa en amplios sectores que preveían un complicado conflicto por la propiedad y el modelo económico, hasta el punto que los sectores más ortodoxos de la izquierda brasileña lo tacharon de traicionar los intereses de la clase obrera. Vino luego el nefasto gobierno de su recomendada Dilma Rousseff, quien terminó destituida fulminantemente por el Parlamento, en una decisión no desprovista de mezquinos intereses políticos.
Ambos líderes del Partido de los Trabajadores (PT), acusados de haber cometido actos de corrupción, tienen ahora el camino totalmente cerrado para regresar al poder, pese a las manifestaciones populares y a las encuestas que dan a Lula como el virtual ganador de la elección presidencial de octubre próximo. La determinación del Tribunal Supremo Federal, que rechazó con 6 votos contra 5 el recurso de 'habeas corpus' que presentó el exmandatario, y la posterior orden de captura emitida por el juez Sergio Moro, lo obligaron a entregarse a las autoridades e ingresar en prisión, donde deberá cumplir una pena de 12 años por corrupción y lavado de activos. Así, su proyecto de regresar al Ejecutivo queda truncado, mientras que la temperatura de la política sube a niveles peligrosos.
De hecho, desde el jueves y hasta el momento de su entrega el sábado en la tarde, en alrededores de la sede sindical de Sao Paulo en la que se alojó Lula, se atrincheró una multitud para impedir que su líder fuera capturado, luego de que el exmandatario no aceptó las condiciones para una entrega en el plazo que le fue fijado. Eso llevó a que el orden público viviera difíciles momentos de tensión. Debemos recordar que el líder de izquierda fue condenado el año pasado por Moro, en Curitiba, y que el 24 de enero el Tribunal Federal Regional de la 4ª región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificó la medida. Luego, el 26 de marzo, esa misma corte rechazó los recursos (embargos de declaración) que presentó la defensa de Lula.
En teoría, según juristas, no todo está perdido para el exmandatario, ya que su defensa todavía puede apelar ante el TRF-4, aunque la celeridad con que fue emitida la orden de captura, hace que las dudas acerca de la posibilidad de salir pronto de la cárcel sean reales. El resultado de los hechos hoy es que se tiene a un líder victimizado y un escalamiento de la violencia, en la que también tiene responsabilidad hasta el mismo comandante del Ejército de ese país, el general Eduardo Villas Boas, quien presionó abiertamente al Supremo para que no se aceptara el 'habeas corpus'. Además, el más opcionado ahora para la Presidencia es un militar retirado que mira con nostalgia la época de la dictadura militar de los años 80.
Lula, quien llegó a ser uno de los líderes más populares del planeta, ve desplomado su proyecto político por, al parecer, haberse dejado tentar por coimas para favorecer con contratos a una empresa privada. Lo que no se sabe es si llegado el momento de la inscripción oficial de la candidatura, en agosto, el ex mandatario pueda trasladar a otro nombre su enorme capital político, o si habrá un obstinado empeño suyo para que aún desde la cárcel pretenda ser presidente, lo cual constituye un camino peligroso. Con razón o sin razón, lo más sensato sería que Lula aceptara sin más vueltas la determinación judicial y que con un llamado a la cordura permitiera que otro líder de su partido asuma la batuta y busque llegar al poder por las vías democráticas.
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