Las elecciones regionales del pasado domingo en Venezuela en lugar de servir para avanzar en la recuperación de la democracia, terminaron ampliando la brecha entre el gobierno y los opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Así mismo, reconfirmaron la actuación autoritaria del régimen de Nicolás Maduro, quien con toda clase de maquinaciones y jugadas busca atornillarse en la Presidencia. De nuevo el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó múltiples dudas sobre lo ocurrido en las urnas, donde el nivel de abstención fue alto, lo que también contribuye a deslegitimar los resultados que favorecieron al partido de gobierno.
Es tan evidente la manipulación y la actuación poco diáfana de Maduro y sus secuaces que el llamado Grupo de Lima, del que hacen parte los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, consideró urgente que haya una auditoría independiente de todo el proceso electoral, con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos, situación que parece improbable que sea aceptada por el gobierno venezolano, acostumbrado a pasar por encima de cualquier asomo de transparencia.
Es innegable que esta vez, como ha ocurrido múltiples veces en el pasado reciente, el gobierno chavista puso toda clase de obstáculos, ejerció actos de intimidación, manipulación e irregularidades, haciendo que los resultados de la jornada queden en entredicho. El cambio de ubicación de casi 300 puestos de votación, la inclusión en las papeletas de opositores que no estaban en la disputa y la apertura tarde de puestos en los que los candidatos opositores tenían asegurada las mayorías, son apenas tres de las muchas piruetas utilizadas para confundir. También hay que recordar que estas elecciones se celebraron con un año de retraso.
Además, al vender Maduro la idea de que la participación en estas votaciones legitimaba la cuestionada Asamblea Constituyente que impuso a mediados del año, llevó a que muchos opositores se decidieran a no participar, con lo que se terminó afianzando la dictadura. Hay que recordar que la gran mayoría de países de la región, entre ellos Colombia, se han negado a reconocer dicha constituyente, integrada totalmente por personajes afectos al gobierno, y cuya posesión fue un verdadero golpe de Estado al borrar de un brochazo las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. 
Así, gran parte del pueblo, pese a padecer toda clase de limitaciones por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y a sufrir la violencia creciente surgida de la inseguridad, se abstuvo de salir a votar. Al final, de los 23 gobernadores elegidos 18 quedaron en manos de los chavistas, mientras que los opositores lograron pasar de 3 a 5, cuando las encuestas daban a los contrarios a Maduro las mayorías en 17 estados. En sana lógica, ante la realidad de un país en una crisis creciente principalmente fuera de Caracas, una victoria tan aplastante del oficialismo es a todas luces sospechosa.

Con lo ocurrido el pasado fin de semana, en lugar de acercarse el término de la crisis, todo parece llevar a que se extienda de manera indefinida para mal de los venezolanos. De hecho, cada día en el actual estado de tensión se convierte en un eslabón más complejo de una crisis que amenaza con hundir al país en un caos total. Para finales del próximo año está previsto el llamado a elecciones presidenciales, y todo parece indicar que los promotores de la Revolución Bolivariana necesitaban mantener, como fuera, el poder regional, para construir el camino del triunfo y asegurar la continuidad de un régimen que es apenas un remedo de democracia.