La Contraloría General de la República, al analizar lo ocurrido el año pasado, hizo serios reparos recientemente a la manera como está funcionando el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, debido al inconstante flujo de recursos, a recortes en los presupuestos, a problemas de corrupción en algunas regiones y a falencias en el seguimiento que debe hacerse desde el Ministerio de Educación Nacional para que este programa funcione adecuadamente. En el 2016 salieron del tesoro nacional $986 mil millones destinados a llevar alimentación a escuelas y colegios públicos, en los que se cuenta con numerosa población con graves problemas de pobreza.
Hay que subrayar que entre los objetivos del PAE se encuentra no solo que los estudiantes estén mejor alimentados con el complemento que se les da en las instituciones educativas (cerca del 30% de la nutrición ideal), sino que se ataque así la deserción, que es mucho más frecuente en zonas rurales y en los sectores más deprimidos de los pueblos y ciudades. Cuando se falla en un programa como este se pone en riesgo el rendimiento integral de los alumnos y su permanencia en el sistema educativo, lo que puede impactar de manera desfavorable los niveles de calidad y los índices de equidad. Contrario a debilitarlos, este tipo de programas deberían ser fortalecidos cada vez más.
En el caso de Caldas siguen apareciendo toda clase de disculpas para explicar la falta de continuidad en la entrega de los alimentos, en la que obstáculos administrativos y contractuales siguen siendo protagonistas. También se dan situaciones en municipios en los que no se disponen de manera oportuna las contrapartidas para financiar el PAE y eso lleva a que ocurran retrasos de toda índole. Lo ideal sería que el cambio de año no signifique interrupción de los programas de alimentación, y menos aún que los desayunos, almuerzos y refrigerios solo comiencen a entregarse cuando las clases ya han avanzado varios días y a veces semanas. Hoy se entregan en el departamento 92 mil raciones de alimentación diarias en 1.066 sedes educativas.
En Manizales también se siguen presentando desajustes, según los informes del 2016. Las autoridades municipales deben aplicar los correctivos necesarios para que haya una total sincronía entre el desarrollo de las clases y la entrega de los complementos nutricionales. Si queremos, como ciudad, seguir avanzando en calidad y cobertura y caracterizarnos ante el resto del país por ser un lugar en el que la educación es parte estratégica de nuestro desarrollo, este es un asunto fundamental en el que no debe haber la más mínima falla.
Desde luego que los problemas nacionales son más protuberantes que los locales, y eso influye para que haya dificultades en regiones como la nuestra, y por eso es fundamental que se tomen en cuenta los reparos de la Contraloría y brindar soluciones. El uso de vigencias futuras para financiar el PAE parece ser una buena salida para garantizar recursos, pero también se tiene que mejorar la información y los reportes para poder hacer un seguimiento más detallado a cómo está el programa. Todo dinero destinado a la alimentación de los niños y jóvenes de bajos recursos económicos tiene que ser invertido con la mayor transparencia y cuidado con especial celo.
Si en el año pasado hubo problemas, hay pocos indicios que lleven a pensar que este año sea menos crítico. Por el contrario, las consecuencias del paro de maestros son nefastas para el programa de alimentación, al punto que los fines de semana y festivos en los que los alumnos tienen que recuperar clases no cuentan con los complementos nutricionales y tampoco con el transporte escolar. Eso demuestra en forma palpable que los estudiantes son los más perjudicados con este tipo de cese de actividades.
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