Contra la libre expresión

El fiscal encargado de dirigir la investigación por el caso de corrupción de Odebrecht, Daniel Hernández Martínez, busca controlar las opiniones que tengan los columnistas del país que consideren que no ha avanzado en este proceso y que todo está quieto, con lo que se favorece a personajes que se beneficiaron con los pagos irregulares que haya hecho la compañía brasilera en el país. Se ha sentido aludido por acusaciones genéricas que no lo mencionan. Qué curioso. Esa no es la manera en la que debe actuar quien está obligado a soportar las críticas, así le parezcan injustas o no esté de acuerdo con ellas. No solo se trata de un funcionario de alto rango, que debe dar ejemplo de respeto por las opiniones de los otros, sino que parece seguir una línea de comportamiento que mostró su jefe, Néstor Humberto Martínez, cuando denunció al senador Jorge Enrique Robledo por sus comentarios.
El proceder de este funcionario, que se vuelve al tiempo medio para ejercer la justicia, pero accionante para buscar el resarcimiento de un derecho que no viene al lugar, no deja de ser un intento de censura. Los servidores públicos deben tener una mayor tolerancia a la opinión que cualquier ciudadano que no tiene esas funciones, y si considera que alguna crítica directa, que no es este el caso, ha sido injusta podrá acudir al medio a pedir el derecho de réplica, pero no es con amedrentamientos a través de expedientes como se debe proceder en estos casos. La libre expresión no puede ser amenazada, pero crecen los casos en el país de personajes públicos que buscan la manera de frenar los reparos que hagan líderes de opinión.
La libertad de prensa cobra su mayor valor cuando justamente se deben defender ideas que uno no comparte. Se sabe que permitir que otro opine de esa manera diferente es ampliar las posibilidades para el debate público. No es amedrentando columnistas con demandas como se legitima el buen nombre, esto se debe demostrar con las acciones y cualquier persona puede dudar de que lo que se viene haciendo desde la Fiscalía esté bien hecho y es su derecho poderlo decir. Para eso existe la protección constitucional de la libertad de expresión.

La acción de tutela interpuesta por el fiscal Daniel Hernández Martínez recuerda la que antes intentó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, este sí mencionado con nombre propio en las acusaciones de Duzán. Aquel interpuso acción contra el senador Jorge Enrique Robledo, de la que desistió, a pesar de que no hubiera retractación del congresista del Polo. El fiscal general antes de llegar a su cargo era investido de ser un influyente abogado y de ocupar cargos de importancia manifiesta en lo público y en diferentes gobiernos. Lo mejor que pueden hacer los funcionarios judiciales es dar muestras de respeto por la libertad de prensa y desistir de su empeño de resolver por vía judicial un asunto que podría tan solo entenderse como la inconformidad con una crítica, y para la que puede replicar usando los métodos que la constitución le otorga, pero no poniendo en función el aparato judicial, del que es arte y parte.