Conductas aberrantes contra niños

Tenemos en Colombia un gravísimo problema, al que no se le ha dado la importancia que merece. El trato que se les da a los niños es en numerosos casos criminal, incluso en el interior de las mismas familias. Lo que se conoce de lo ocurrido a la niña Sara Yolima Salazar, de 3 años, quien fue torturada y asesinada, por medio de actos de violencia física y sexual, como lo estableció Medicina Legal, es un nuevo símbolo de lo que les ocurre a miles de niños cada día en el país, especialmente niñas, lo que destapa la realidad del abuso y maltrato a las mujeres en Colombia desde sus primeros años.
En Armero Guayabal (Tolima), de donde era la menor, avanzan las investigaciones de la Fiscalía para determinar a los responsables de las agresiones, que involucran necesariamente a personas que la rodeaban en su cotidianidad. Lo más preocupante, sin embargo, es que abundan los casos de abuso en Colombia, al punto de que en solo el primer trimestre del 2017 se contabilizaron 4.315 denuncias de violencia sexual, y son muchos más los que incluyen otras formas de maltrato físico.
El año pasado Medicina Legal atendió 17.908 casos de menores remitidos por denuncias de presunto abuso sexual. Como ejemplos de tales conductas aberrantes están otras situaciones reveladas esta semana, como el degüello de una niña de 15 años en Antioquia, el asesinato de dos niños indígenas en Cauca por su padre, la violación de una bebé de 4 meses por un soldado en el Meta o la violación de una niña de tres años por su padrastro en La Calera (Cundinamarca).
La directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, habla de crear un frente común por la niñez colombiana y de instaurar la cadena perpetua para los abusadores de menores, un asunto en el que viene insistiendo, y que mencionó cuando ocurrió el perverso caso de abuso sexual y asesinato de Yuliana Samboní, de 7 años, en Bogotá, por cuyos hechos está en la cárcel el arquitecto Rafael Uribe Noguera. No obstante, en vista de la cantidad de hechos similares en el país, de poco serviría tener un castigo ejemplar como este si los responsables no llegan a ser castigados ni siquiera con las leyes actuales, que hablan de 60 años de prisión, como pena máxima.
Cada vez que se revelan este tipo de situaciones, desde distintos sectores de la sociedad, la política y el Gobierno se lanzan lamentos y se asegura que se lograrán soluciones, pero en realidad es poco lo que se avanza. En ocasiones da la impresión de que en lugar de mejorar la realidad se hace cada vez peor. Siempre salen quienes dicen que se requieren penas más duras, pero los hechos de fondo demuestran que más que el populismo punitivo lo que debería ajustarse es la aplicación estricta de la ley y la posibilidad de avanzar en la captura y castigo a los responsables, y menos dejarlos sueltos como ocurre en múltiples ocasiones. 

Debemos reconocer que gran parte de nuestra sociedad se desarrolla en entornos violentos en los que toda clase de maltrato está casi que validado culturalmente. Frente a eso los colombianos deberíamos reaccionar en rechazo a tales conductas. Además, desde el Gobierno, desde la academia, desde las organizaciones sociales y toda clase de instituciones se debe emprender un trabajo serio que permita pasar del repudio a la denuncia y castigo de los abusadores y a tomar medidas más fuertes de protección a niños y mujeres. La triste realidad es que en estos casos reina la impunidad, y para agravar las cosas la reacción de la comunidad muchas veces también es violenta, como en el caso del soldado en el Meta quien estuvo a punto de ser linchado.