¿Qué puede ser mejor que las mismas comunidades que se benefician del buen estado de las vías sean las encargadas de garantizar que estén en condiciones óptimas, y que para ello el Estado les entregue recursos que sean usados con criterios de eficiencia? Eso es lo que ocurrirá con el convenio Comunales por las vías de la paz entre la Gobernación de Caldas y 300 Juntas de Acción Comunal (JAC) del departamento para que desarrollen labores de mantenimiento de las carreteras en todos los municipios (excepto en Riosucio y La Merced, porque allí no hay juntas de este tipo), con una inversión global de $1.121 millones, para 1.100 kilómetros de vías, en un año. Esto se hace, porque así lo permite la Ley 1551 de 2012.
Son 80 tramos viales secundarios y terciarios los que entran en este programa, los cuales corresponden a las carreteras más usadas por los campesinos caldenses para sacar los productos agrícolas de sus fincas. La idea es que todas estas vías permanezcan limpias y bien organizadas. Allí se hará rocería, limpieza de cunetas y árboles, recuperación manual de señales de tránsito, limpieza de alcantarillas y box coulverts (canales de agua) y el retiro de basuras. Se requiere mucha seriedad de los miembros de las JAC, quienes deben dar un uso muy responsable a los recursos y esforzarse por ejecutar los trabajos con esmero y acertar. Esto no solo servirá para mejorar la movilidad en todo Caldas, sino incluso para generar empleo y tener un impacto positivo en la economía y la competitividad regional.
Ahora bien, desde la Gobernación se deben llevar a cabo tareas de interventoría muy consistentes y bien planeadas, de tal forma que sea posible monitorear que todo el proceso se está ejecutando de manera responsable y positiva. Los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura son los que tienen el conocimiento acerca de los trabajos con calidad, y deben adicionalmente capacitar adecuadamente a las comunidades para que sus acciones arrojen los mejores resultados. Además, las maquinarias deben seguir apoyando a las comunidades cuando los problemas de las vías superen las necesidades de mero mantenimiento, y no descuidar los tramos de carreteras que no entran en este convenio.
La invitación, además, es para que las mismas comunidades se conviertan en veedoras de estos trabajos y se profundicen las acciones participativas en lo público. La oportunidad que se les abre a todas estas personas que habitan y trabajan en las zonas rurales de Caldas, muchas de ellas a grandes distancias de los centros urbanos, es para aprovecharla y garantizar que un desarrollo excelente del convenio consolide esta metodología y la convierta, inclusive, en referente para el resto del país. Como lo indica el nombre del convenio, este es un modelo que genera paz y que puede ayudar a que las comunidades rurales superen los problemas de pobreza.
Sin duda, en la relación costo-beneficio es mucho mejor que las mismas JAC sean las encargadas de estas tareas de mantenimiento, a que lo hagan contratistas que generalmente llegan desde lejos, y entregan resultados que no siempre satisfacen plenamente a las comunidades. Los mejores frutos deben surgir de quienes conocen el entorno y ejecutan los trabajos con dedicación por su propio bienestar. Si se hace todo bien el impacto también será positivo en la seguridad vial y se podrán evitar accidentes. Por donde se le mire, bien ejecutada, esta es una iniciativa que genera grandes beneficios.
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