Para el próximo lunes 17 de septiembre está previsto el debate al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsado por el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático. Antes de concretarse el debate en el Congreso de la República, al que el funcionario se comprometió a asistir, en la opinión pública se discute acerca de una situación que supuestamente habría favorecido a Carrasquilla con el uso de los denominados "Bonos Agua", que facilitó el endeudamiento de numerosos municipios colombianos para llevar a cabo la construcción de proyectos de infraestructura de acueductos y alcantarillados, que en varios casos no se concretaron.
Las denuncias señalan que en el 2007, impulsada por Carrasquilla, el Congreso aprobó una modificación al Sistema General de Participaciones (SGP) que les daba vía libre a los municipios para comprometer vigencias futuras y asegurar la construcción de los proyectos requeridos para ponerse al día con la cobertura y calidad del agua potable y el saneamiento básico. Tras salir del Ministerio de Hacienda que ocupaba durante la administración del expresidente Álvaro Uribe, Carrasquilla y dos personas más que estuvieron vinculadas al Ministerio, habrían montado la empresa Konfigura Capital, para asesorar a los municipios acerca del uso de los mencionados bonos.
De acuerdo con el ministro Carrasquilla no es cierto que, en desarrollo de esas asesorías se haya enriquecido, e incluso la mencionada firma está en proceso de disolución. Explicó que las razones por la que esa firma se radicó en Panamá (lo que la llevó a ser mencionada en los Panamá Papers), tiene que ver con la prohibición que existe en Colombia de mantener cuentas en dólares, y que todas las obligaciones tributarias y legales en nuestro país se cumplieron cabalmente. Además, afirmó que Konfigura solo asesoró la emisión de los bonos, pero no los compró ni vendió, y tampoco participó en los contratos de crédito suscritos por los municipios con Alianza Fiduciaria S.A.
En este caso puede palparse la inconveniencia de que un funcionario del Estado vaya y venga del sector privado al sector público, en lo que se ha llamado "puerta giratoria" entre ambos sectores, por las suspicacias que pueden tejerse acerca de posibles faltas éticas, aunque no actos ilegales. En este sentido resulta muy difícil probar las malas intenciones de Carrasquilla cuando promovió los bonos, que solo fueron parte de un esquema para facilitarles a pequeños municipios la ejecución de proyectos ambiciosos de infraestructura para el manejo de recursos hídricos.
Además, si los cerca de 177 municipios que hoy afrontan problemas con las deudas asumidas con respaldo en los bonos no hicieron un uso adecuado de los dineros y se los gastaron en asuntos distintos a los previstos, la responsabilidad es de los alcaldes y las administraciones de la época, y nada tendría que ver el esquema de los llamados bonos Carrasquilla. Por eso mismo, hay que darle un compás de espera al ministro. Lo ideal es que en el debate del próximo lunes explique todo lo ocurrido, antes de entrar a acusarlo de la supuesta quiebra de esos municipios.
Resulta, por esto, exagerado que algunos congresistas pidan un debate de moción de censura. Lo primero que debe hacerse es escuchar al funcionario para poder sacar conclusiones. Esperamos que Carrasquilla pueda brindar explicaciones satisfactorias y que todo este episodio se aclare de una vez por todas, porque sí es necesario que quien lidere la reforma tributaria que anunció el Gobierno Nacional tenga toda la credibilidad acerca de los beneficios de dicha reforma. Por lo pronto, el funcionario tiene el respaldo del presidente Iván Duque, como lo manifestó abiertamente el mandatario, y solo queda esperar que este sea solo un escollo anecdótico en su camino.
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