Cambios de fondo en la política

Después de mucha espera, por fin la semana pasada el Gobierno Nacional presentó al Congreso el proyecto con el que pretende impulsar una reforma que no solo cumpla con los acuerdos de participación política pactados con las Farc, sino que asegure una menor corrupción en las campañas y en el proceso electoral, y que también les facilite las cosas a los partidos minoritarios para participar. Se espera que esta misma semana comiencen las deliberaciones en la Cámara de Representantes y que, aprovechando el fast track muy pronto estén listas las nuevas reglas de juego para las elecciones del 2018.
La iniciativa del Gobierno no se limita al Congreso y la Presidencia de la República, sino que también tiene alcance en todas las corporaciones públicas, como asambleas y concejos, con la idea de garantizar una mayor participación democrática y una renovación más rápida de los dirigentes al cerrar el paso a las curules vitalicias. Un paso fundamental en ese sentido serán las listas cerradas y desbloqueadas para el 2018 y desde el 2019 las listas cerradas bloqueadas… ojalá esto no se empantane en las discusiones. Eso puede ayudar a bajar los costos de la campañas, a que se fortalezcan los partidos e internamente tengan que desarrollar procesos más democráticos con discusiones de mejor nivel y con un claro enfoque ideológico y programático.
En buena medida se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, conformada por un grupo de expertos liderados por la Misión de Observación Electoral (MOE) que entregó sus conclusiones hace cerca de un mes, en las que propone un revolcón a todo el sistema electoral con la idea de atacar el manejo sesgado que ha tenido el Consejo Nacional Electoral (CNE), por su naturaleza política, además de especializar las funciones de la Registraduría para que no sea la responsable directa de la logística electoral y que mejor se concentre a garantizar información fiable sobre quienes pueden o no votar.
Un punto a ser considerado con mucha seriedad por los congresistas es el de la financiación de las campañas políticas, que debe ser mayoritariamente estatal, pero con mecanismos efectivos para evitar el ingreso de dineros ilegales que puedan hacer la diferencia en las urnas. Lo ideal habría sido que no pudieran usarse donaciones y otros dineros privados, pues están demostrados los efectos que eso produce, pero es por lo menos un avance que los movimientos más pequeños tengan el mismo punto de partida que los grandes.
Esta es la oportunidad para hacer una reforma muy completa, que ataque los problemas de la corrupción y que ayude a fortalecer los partidos, en donde los personalismos sean derrotados y brille la coherencia en las ideas. Sobre todo que conduzca a derrotar para siempre el clima de violencia generado por el cierre de espacios de participación a algunas minorías. En ese sentido es buena la idea de dar incentivos a los partidos que incluyan en sus listas más mujeres y jóvenes que los exigidos por la ley. Ojalá para esto no se usen rellenos para quedar bien, como ha ocurrido en el pasado.

Colombia no puede darse el lujo de que esta reforma sea un nuevo canto a la bandera, cuando es urgente que todo lo establecido allí para atacar el clientelismo y blindar del crimen a la política se concrete. Por tratarse de asuntos de cultura política muy arraigados, no solo las normas sino cambios de conducta serán necesarios para poder avanzar hacia el cambio, pero por lo menos hay que intentarlo. Esta reforma será realmente la prueba de fuego para que los congresistas demuestren que la decisión de la Corte Constitucional de reconocer su autonomía frente a las otras ramas del poder se podrá palpar en hechos responsables y beneficiosos para el país.