El Eln, en un acto de enorme torpeza política, solo esperó el fin del cese bilateral del fuego a la medianoche del pasado martes para comenzar a atacar de nuevo en diversos puntos del país, como queriendo decir que no tiene voluntad de paz. La reacción del Gobierno Nacional era previsible suspendiendo el comienzo del quinto ciclo de las conversaciones y poniendo nuevas condiciones a esa guerrilla para poder regresar a la mesa. De manera cínica, los líderes elenos tratan de justificar sus ataques a la Fuerza Pública y a la infraestructura petrolera, y le echan la culpa al Ejército colombiano de sus actos irracionales.
Con tal actitud será muy difícil que la mesa pueda instalarse de nuevo en Quito (Ecuador), como se hace desde comienzos del año pasado. Además de gestos verdaderos de voluntad de paz de los guerrilleros, se requerirá mucha cabeza fría para fijar las condiciones que haga viable seguir intentando una firma de paz con ese grupo. Es evidente que tal organización armada ilegal no cuenta con la capacidad para vencer al Ejército, como bien lo advierte el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, y habrá que combatirla con toda energía ante su torpe desafío.
Desde luego que lo deseable es que se pacte un nuevo cese al fuego y de hostilidades, pero antes de llegar a eso es necesario que el Eln se comprometa y cumpla con no seguir saboteando las esperanzas de paz que tiene la sociedad colombiana. Los facilitadores y veedores de este proceso desde la comunidad internacional y la Iglesia católica han insistido en la necesidad de consolidar el alivio humanitario que ha representado el enfriamiento de las confrontaciones, pero el Gobierno Nacional tampoco puede caer en el error de ceder al chantaje y volver a la mesa sin asegurar las garantías de cumplimiento. Para volver a la mesa se requiere confianza y legitimidad, pero en este momento tales principios están heridos.
Los protocolos de un nuevo posible cese tienen que ser más claros y precisos, y no dar campo a las interpretaciones. En este pulimiento es fundamental el trabajo que desarrollen los facilitadores del proceso, y mientras ello no ocurra el Gobierno tiene que mantener la cautela. Es cierto que siempre habrá riesgos en una negociación como esta, en la que también es característica la medición de fuerzas, pero el Estado no puede amilanarse a la hora de reaccionar y de imponer las reglas que hagan viable seguir adelante. El hecho de que haya un nuevo equipo negociador del Gobierno puede facilitar que no haya un retroceso total de los diálogos.
El Eln debe comprender que cada día que pierda se aleja de la posibilidad de que su proceso llegue a un punto de no retorno, que garantice que el próximo gobierno mantenga las conversaciones sin importar quién llegue a la Casa de Nariño. Sería un error permitir que el conflicto armado pueda volver a escalarse y que resulte inviable volver a instalar la mesa de negociaciones. Así como lo hicieron las Farc, el Eln tiene la oportunidad histórica de cambiar el rumbo de sus actuaciones, abandonar las armas y lograr un espacio en la política nacional.
Antes de tomar la determinación de regresar a Quito, los negociadores del Gobierno y el presidente Santos deben analizar con cabeza fría en qué términos es conveniente hacerlo. No puede haber improvisación en eso, porque si el Eln pretende seguir con la misma actitud y seguir saboteando lo poco que se ha avanzado, tal vez sea el momento de pensar en el cambio de la estrategia.
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