El acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, el cual es menester cumplir a cabalidad, señala, entre otros, que esa organización se compromete a entregar todos sus bienes que servirán para reparar a sus víctimas, a cambio de obtener los beneficios de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Entre esos beneficios se encuentran las penas alternativas a la de privación de la libertad y la posibilidad de participar en política sin considerar sus antecedentes judiciales. Así que si las Farc están engañando al país ocultando bienes, como se presume en el caso de los supermercados que estarían en manos de testaferros de esa exguerrilla, habría que eliminar los beneficios que obtendrían al ir a la JEP y deberán ser juzgados por la justicia ordinaria.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, personas ligadas al exjefe guerrillero conocido como Romaña aparecen como propietarios de esa cadena de supermercados, y que esta sería una forma que tiene esa organización para lavar dinero y financiarse. De hecho, ese ente investigador calcula que el costo de estos bienes puede ascender a los $650 mil millones, dinero que debería estar a disposición de la reparación económica de las víctimas, quienes esperan algún tipo de compensación después de padecer tantos años de violencia en la que perdieron miles de seres queridos, no solo por responsabilidad de la guerrilla, es cierto, pero con un protagonismo sustancial de las Farc.

Debemos recordar que en el listado que la exguerrilla le entregó a la Fiscalía aparecía toda clase de elementos sin valor como escobas y exprimidores de naranja. En los 135 folios que los líderes exguerrilleros aportaron en agosto pasado también aparecen registradas carreteras que, obviamente, no podrán convertirse en recursos líquidos para el fondo de víctimas. Además, los bienes inmuebles que aparecían como propios no contaban con toda la información técnica que permitiera establecer con exactitud sus características y ubicación específica. La verdad es que hay muchas dudas en este aspecto que los líderes de Farc deberían aclarar antes de que se agrave su posible incumplimiento a los acuerdos.

Es verdad que esta es la primera vez en la historia de los acuerdos de paz con grupos rebeldes en el mundo que, además de la entrega de cerca de 8.200 armas, se obliga a los desmovilizados a reponer con bienes a las víctimas, pero eso no justifica que los exguerrilleros actúen de manera tan ligera, lo que podría interpretarse como una burla. Al entregar la información incompleta, además de exponerse a ser sacados de la JEP, los miembros de esa organización convertida ahora en partido político dan campo a que la Fiscalía aplique la extinción de dominio, lo que complica más su condición judicial. Tal vez esto sea producto de la informalidad a la que se acostumbraron, pero llegó la hora de poner orden y ser serios.

La reacción de los líderes de Farc frente a esta situación es asegurar que nada tienen que ver con los bienes señalados por la Fiscalía como de su propiedad, pero además radican una carta ante el fiscal de la JEP, Giovanni Álvarez, para que se adopten de inmediato medidas cautelares que aseguren los bienes que fueron entregados por ellos con destino a la reparación de las víctimas. Lo primero parece una salida destemplada para cuya sustentación no ofrecen argumentos de peso, y en lo segundo pueden tener razón, ya que el Estado debería ya haber recibido la totalidad de esos bienes y mantenerlos en custodia, pero tampoco puede aceptarse que los exguerrilleros digan que tales bienes están en riesgo de perderse, y que ya no tendrían cómo responderles a las víctimas.