El 1 de enero de 2024 los 14 diputados de Caldas juramos ante Dios y el pueblo caldense cumplir con lo establecido en la Constitución para desempeñar el cargo por el que fuimos elegidos. Lo anterior, nos insta a realizar control político, proponer proyectos de ordenanza, velar por el correcto manejo de los recursos públicos y decir la verdad y nada más que la verdad.

Esta última se ha convertido en una bandera, en un símbolo, porque la verdad se debe decir, duela lo que duela. Y por eso, la hemos traído a colación durante el primer periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias del 2024.

Nos sorprende que, en los casi cuatro meses en el cargo, escaseen los proyectos por parte de la Administración Departamental. Solo presentaron dos y estos estuvieron encaminados en la aprobación y modificación del manejo de los recursos públicos.

Vemos con extrañeza que han buscado la aprobación de presupuesto para seguir realizando contrato de prestación de servicios sin propuestas válidas y favorecimiento a contratistas que han demostrado que no funcionan.

Un ejemplo de ello es el contrato entre Telecafé y la Gobernación por un valor de 2 mil 500 millones de pesos para la implementación del Plan de Medios Regional y el desarrollo de las actuaciones asociadas a la formulación y difusión del Plan de Desarrollo del Departamento. ¿No es demasiado 2 mil 500 millones para publicidad y logística?

 A esto se suma el favorecimiento al contratista del Consorcio Elein Samaná para la pavimentación de las vías del Hermanamiento con Antioquia. El mismo secretario de Infraestructura de Caldas reconoció que este era un mal contratista, pero lo favoreció dándole siete meses de plazo para que termine la pavimentación de 6.5 kilómetros en el corredor vial Riosucio- Jardín.

La Administración le impuso una multa cercana a los 1 mil 600 millones de pesos, por presión de diputados como Luis Alberto Giraldo, experto en temas viales y quien les indicó que era más viable multar y liquidar que seguir aplazando la ejecución de un proyecto tan importante para la comunidad, no solo de Caldas sino también de Antioquia.

También es importante que centremos un poco nuestra mirada en la RAP del Eje Cafetero y el Agua y la Montaña donde se han ejecutado contratos de prestación de servicios por un valor superior a los 3 mil millones de pesos sin estrategias ni impactos claros para los departamentos que las conforman.

Además de esto, nos sorprende que la Gobernación no presentó un Plan de Acción para resolver los problemas con proyectos como Mil Viviendas y Aerocafé, pese a que reconocieron que sí los había y que difícilmente cumplirían en esta Administración lo que prometió la anterior.

El panorama parece no mejorar, ya que el borrador del Plan de Desarrollo 2024-2027, que socializaremos a partir de mayo en la Asamblea, no hay una correcta distribución de los recursos para priorizar los proyectos de relevancia para el millón de habitantes que habita esta comarca.  

De ahí la importancia de una revisión exhaustiva no solo del Consejo Territorial de Planeación sino también de los diputados que han demostrado su alto grado de compromiso con la Corporación y el pueblo que los eligió, proponiendo proyectos de ordenanza de orden social, turístico y ambiental y estudiando con juicio cada uno de los informes y propuestas de la Administración.

Aunque la verdad anteriormente revelada duela, lo cierto es que no solo tenemos diputados comprometidos sino también una comunidad veedora del territorio que ha decidido hablar y actuar y que se han convertido en dolientes de los proyectos que los afectan, como es el caso de la veeduría de las vías del Hermanamiento, a quienes les agradecemos no comer entero.