En Colombia hay unas 200 mil personas con medidas sobre su libertad, aproximadamente la mitad en cárceles propiamente dichas. La otra mitad están en reclusión domiciliaria y estaciones de policía. ¡Mucha gente! En las últimas décadas el incremento de personas en reclusión viene en ascenso y no es un problema exclusivo de Colombia. En América Latina, según una investigación financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en las últimas dos décadas se ha dado un incremento de la población reclusa del 120% en América Latina y del Caribe, mientras que en otras partes del mundo ha sido del 24%. Este aumento de personas no ha sido acompañado de una ampliación significativa de la infraestructura, lo que ha dado unos altos niveles de hacinamiento. Y lo más preocupante, es que buena parte de la población interna son personas pobres. Es decir, hay un sesgo desafortunadamente muy grande por condición socioeconómica.

Pero el problema no es solamente el volumen de personas, sino de manejo del sistema carcelario. Primero que todo se ha generado una toma de las cárceles por las mafias criminales, debido a la falta de inversión en ellas, en personal e instalaciones. Hoy desde buena parte de las cárceles del subcontinente los criminales tienen control de sus negocios ilícitos fuera de los centros de reclusión y además mantienen un control mafioso al interior de ellas. Es tan pavorosa la situación que Ecuador, Brasil, México, Colombia están en medio de una crisis carcelaria, varios países han declarado el estado de urgencia por los problemas tan graves que tienen. Lo que ha dejado al descubierto no solo los problemas de hacinamiento, corrupción, falta de personal especializado y entrenado, sino de concepción de la política de rehabilitación.

Si bien la no impunidad es una de las estrategias más efectivas para combatir y erradicar el crimen, la concepción de la política criminal es fundamental que se haga en clave de perspectiva de resocialización, reparación y justicia restaurativa. No podemos pensar que la solución perfecta es la de Nayib Bukele en El Salvador. Si bien allá se ha hecho una gran inversión en infraestructura, la política de llevar a la cárcel a cualquier sospechoso está pasando por encima de los derechos humanos de muchas personas. Le ha dado muchos dividendos políticos al presidente Bukele por haber solucionado eficazmente el deterioro tan grave que sufría su país, siendo rehén de las bandas. Bukele obtuvo su reelección con una favorabilidad por encima del 80% demostrando así el desespero de la gente. Y en este punto debemos tener mucho cuidado de evitar que caigamos en el embrujo autoritario. Colombia debe asumir una política más seria de inversión no solo en infraestructura, que sí se necesita, pero especialmente en los procesos humanos de resocialización, para asegurar que no reincidan las personas cuando salen de las cárceles.

El sistema carcelario está haciendo crisis en toda América Latina, hay que aprender de las mejores prácticas internacionales, y todas nos llevarán a hacer inversiones importantes. La seguridad ciudadana pasa necesariamente por un buen sistema penitenciario que funcione, no solo guardando personas peligrosas, sino muy especialmente entregando ciudadanos readaptados para vivir en sociedad.