En la fase final de la elaboración de los planes de desarrollo territorial nos encontramos ante un dilema crucial que exige un análisis detallado: la Integración Regional. En un contexto en el que el centralismo estatal va en aumento, los municipios y departamentos han optado por asociarse para ganar peso y representatividad ante el Gobierno central. Este movimiento busca generar debates que puedan alterar los equilibrios políticos mediante la presión ejercida desde los territorios.
Para el ciudadano común, el concepto de integración regional cobra sentido cuando se comprenden las interconexiones. Por ejemplo, en Villamaría muchos residentes trabajan, estudian y realizan sus compras en Manizales, pero regresan a dormir a Villamaría. Esta convivencia cotidiana pone de manifiesto los desafíos del tráfico y las preocupaciones sobre la infraestructura vial y el suministro de agua, ya que ambos municipios han difuminado sus fronteras, generando un sentido de pertenencia más marcado hacia Manizales que a Villamaría. Sin embargo, con otros municipios la noción de región se desdibuja: con Pereira se siente una rivalidad latente, mientras que con los municipios del Quindío se visualiza más como una oportunidad para el turismo, pero con una interrelación distante.
El concepto de región se vuelve complejo cuando no se experimenta una identificación clara, especialmente cuando proliferan los intentos de esquemas asociativos que carecen de una financiación sólida y de equipos técnicos que permitan desarrollar y discutir estrategias de desarrollo local y territorial. Los esquemas asociativos representan una excelente estrategia para trascender la visión individualista y abordar temas como la localización industrial, la atracción de inversión y la competitividad. Sin embargo, hemos desperdiciado la oportunidad de contar con centros de pensamiento y prospectiva, dejando que las entidades sean cooptadas por intereses políticos mezquinos que obstaculizan el progreso regional.
Si uno reside en Manizales, además de ser ciudadano del municipio, también forma parte de una red compleja de entidades y asociaciones regionales (un Área Metropolitana, dos Regiones Administrativas y de Planificación -RAP-, una Región de Planificación y Gestión -RPG-). Esta multiplicidad de afiliaciones convierte la planificación regional en una suerte de “torre de Babel” difícil de entender y gestionar. Lamentablemente, esta complejidad no se traduce en impactos tangibles para los ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario, las entidades regionales se han convertido en bastiones de burocracia, desviándose de sus objetivos originales. Un ejemplo ilustrativo de esta situación es la RAP Eje Cafetero y Tolima en 2023, que de acuerdo con información del Secop ejecutó 168 contratos de prestación de servicios por un valor de $3.069 millones, la mayoría de los cuales tenían objetivos vagos y un impacto prácticamente nulo. Además, se firmaron 6 convenios por $2.025 millones, centrados mayormente en proyectos relacionados con el turismo y el café, pero sin una estrategia clara ni un impacto significativo en el desarrollo regional.
La pregunta inevitable es: ¿dónde queda la integración regional? ¿Dónde están las grandes discusiones sobre desarrollo regional y la gestión de proyectos estratégicos para la región? ¿Cuál es la postura de las entidades regionales frente a desafíos concretos como la nueva concesión de Autopistas del Café o el turismo insostenible en Murillo? Mientras tanto, cerca de 200 personas viven del erario, sin que su trabajo se traduzca en un avance real para el desarrollo regional.