Los habitantes inscritos en el censo electoral de los municipios de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira estamos convocados mañana domingo a decidir con nuestro voto si queremos o no organizarnos como un área metropolitana. Esta iniciativa, que no es nueva, surge del imperativo de darle marco institucional a un fenómeno de conurbación entre estas localidades que se ha venido consolidando con los años. La conurbación acerca tanto los territorios que termina por convertirlos en una sola unidad funcional, y eso los obliga a tener reglas de juego claras para enfrentar el desafío del desarrollo. 
Este fenómeno no es nuevo, el mundo ha vivido en el último siglo un acelerado proceso de  urbanización; millones de personas han hecho el tránsito del campo a la ciudad, ampliando los espacios urbanos a velocidad de vértigo, planteando, en consecuencia, nuevos desafíos de orden económico, cultural, social y político. El tamaño de los mercados, la provisión de servicios públicos, la movilidad urbana e intermunicipal, la vivienda y en general, la planificación del territorio y el desarrollo, entrañan desafíos que exigen nuevos arreglos institucionales, nuevas reglas de juego.
Colombia, país donde la migración campo-ciudad ha sido más acelerada, entre otras cosas como  consecuencia de los fenómenos de violencia en nuestras zonas rurales, ha acusado la necesidad de  legislar sobre estas nuevas realidades y en efecto lo ha hecho desde hace varios años. Desde finales del siglo pasado existen en el país normas legales que les dan cauce institucional a esas nuevas realidades surgidas de los procesos de conurbación. A la luz de esas normas se han creado 6 áreas metropolitanas en Colombia cuyo funcionamiento, con algunas asimetrías, claro, se puede calificar de exitoso. La del Valle de Aburrá es el más claro ejemplo de las virtuosidades de esta forma de asociatividad territorial. 
Dada la necesidad de facilitar los mecanismos para crear áreas metropolitanas y organizar el  desarrollo de regiones conurbadas, que son muchas en el país, la ley ha venido simplificando los  procedimientos y acotando las exigencias. Con una participación no muy exigente desde el punto de vista matemático podemos coronar con éxito un proceso de esta naturaleza. La circunstancia de ser por esencia una creación colectiva, le otorga, no obstante, plena legitimidad democrática. La conurbación entre los municipios del Centro-sur de Caldas es, sin duda, uno de los hechos más significativos de esta naturaleza en Colombia. Asumirlo significa la seria posibilidad de potenciar  nuestro desarrollo e impedir conflictividades dañinas que pudieran tener origen en nuestras  relaciones territoriales, sobre todo en las urbanas, tan cercanas.
Si nos organizamos en torno al área metropolitana nos haremos más fuertes, más autónomos, más eficientes y más estratégicos: más fuertes desde el punto de vista político porque tendremos en el  ámbito de una misma estructura espacial y geográfica un mayor número de habitantes, 614.000 al día de hoy; en lo económico, porque los 5 municipios organizados alcanzaríamos un PIB de 11.4 billones de pesos que representaría el 62,8% de la economía del departamento de Caldas, lo que nos haría la economía más grande del Eje Cafetero, por encima de Pereira; más eficientes por las  economías de escala derivadas de nuestro mayor tamaño, y por la conjunción de mayores recursos  para ofrecer más bienes y servicios a la comunidad del área; más autónomos porque podríamos  ejercer la gestoría, la operación y autoridad catastral, y más adelante, con un mayor número de  habitantes, la autoridad ambiental; más estratégicos en la medida en que podríamos ser tributarios  de las favorabilidades que se otorgan desde el Plan de Desarrollo Colombia, Potencia de la vida; en  efecto, el Plan de Desarrollo tiene un eje central que es la planificación del territorio alrededor del agua y en este caso, el río Chinchiná y nuestra fábrica de agua, el Nevado del Ruiz, serían los referentes sustanciales en ese propósito. Así mismo el art. 41 del Plan establece: El Gobierno Nacional implementará una estrategia diferenciada de fortalecimiento y asistencia técnica para los esquemas asociativos territoriales -EAT-, en el ejercicio de sus competencias, y agrega que la  presentación y ejecución de iniciativas con recursos públicos cuyo objeto sea la inversión de impacto supradepartamental o supramunicipal de los EAT requeriría que estos últimos estén registrados y actualizados en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales. 
Si tenemos constituida el área metropolitana, es claro que el Plan de Desarrollo de este cuatrienio nos coge ubicados en una mejor posición estratégica. Todo esto sin que los municipios pierdan un  ápice de sus prerrogativas que se derivan directamente de la Constitución.