Relatan los evangelistas del texto bíblico que un desconocido gobernador de Roma pasó a la historia por haber tenido que decretar la muerte del hijo de Dios. Poncio Pilato nunca halló culpa alguna en el Nazareno, a quien pretendía absolver y dejar en libertad. Pero para legitimar su decisión decidió realizar una consulta al pueblo judío. El propósito era que escogieran por mayoría a quién deseaban dejar en libertad: ¿a Jesús o a un ladrón de nombre Barrabás? El resultado es conocido por toda la humanidad y aún contra su voluntad, Pilato antepuso sus intereses personales en favor de los intereses de la colectividad.
Su decisión, aunque dolorosa para el cristianismo, se considera como democráticamente acertada. El pasado 12 de marzo, la Universidad Nacional de Colombia realizó una consulta interna a su comunidad académica, como parte del proceso de designación de rector por parte del Consejo Superior de la emblemática institución. El profesor Leopoldo Múnera arrasó en todos los estamentos (estudiantes, profesores y egresados); sin embargo, no resultó favorecido por las decisiones de dicho Consejo, el cual, adicionalmente, se abrogó el derecho de no dar explicaciones y, peor aún, de votar de manera secreta.
El 4 de marzo había publicado mi columna en La Patria a la cual titulé “El desgobierno de los cuerpos colegiados” y en la que dejaba en evidencia mis preocupaciones por la ineficiente, soterrada y sospechosa actuación de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la UTP y la Asamblea de Caldas. Ahora, se suma a la penosa lista el Consejo Superior de la Universidad Nacional, con actuaciones que resultan seriamente cuestionables dentro del contexto de lo que debe considerarse deseable en una democracia moderna.
Cuando los representantes de los cuerpos colegiados públicos que administran la justicia, la política y la educación actúan de forma incomprensible y secreta, con preacuerdos particulares como si se tratara de compañías privadas, terminan desarrollando un cuestionable modelo de “poder invisible” que, según lo planteado por Norberto Bobbio (“El Futuro de la Democracia”), frenan el deseo de una democracia ideal. Los miembros de estos cuerpos colegiados olvidan con frecuencia que son depositarios de un mandato obligatorio y por eso siempre tendrán que explicar y rendir cuentas a quienes representan. Al contrario de lo que muchos piensan, la consulta para la designación de rector sí es vinculante en términos procedimentales y democráticos, pues está concebida como una instancia previa a las deliberaciones del respectivo Consejo Superior y no debería ser mirada como un hecho anodino que solo busca cuantificar quienes pasan a la siguiente etapa.
Se hace necesario cualificar dichos resultados, pues no de otra manera se justifica el conteo milimétrico de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos en cada uno de los estamentos, con el fin de establecer racionalmente el carácter meritorio para su designación, proceso deliberativo que suele omitirse inexplicablemente por parte de dichos cuerpos colegiados. Lo que resulta paradójico es que estos penosos hechos ocurran al interior de reconocidas universidades públicas, situación que deja en evidencia la existencia de una notoria inconsistencia entre lo que allí se enseña y la aplicación de lo aprendido. (En casa de herrero...)
No dudo que son importantes universidades, pero tal grandeza no se ve reflejada en los comportamientos no tan éticos ni democráticos de quienes las representan. El ejercicio de la democracia a través de órganos colegiados también requiere de una alta dosis de lógica, inteligencia y legitimidad. Si Poncio Pilato fuera miembro de los consejos superiores de estas universidades, Múnera y Molina ya serían los rectores. Pero no estamos en Roma, sino en Colombia.