Los problemas que está teniendo el presidente por las investigaciones a Fecode, por el juicio que se tiene programado contra  su hijo Nicolás Petro, por la investigación que le están haciendo  al gerente de su campaña, por la suspensión del cargo del ministro de Relaciones Exteriores, por la incapacidad de ejecución de los ministros y por  la cancelación de los Juegos Panamericanos lo tienen furioso y totalmente descontrolado.  Como era de esperarse, salió a defenderse buscando culpables, atacando a todo el mundo y a victimizarse; lo mismo que a promocionar marchas populares. 
Para Petro, nadie que haga parte de su Gobierno puede ser investigado. Si esto llega a suceder, manifiesta que no lo están dejando gobernar.  Ahora salió con el cuento de que hay una “ruptura institucional”, que se está dando por las investigaciones que  están haciendo los órganos de control y vigilancia por la alta  posibilidad de que su campaña haya sobrepasado los topes que se  tienen establecidos.  
Esta es la razón por la que se está investigando la destinación de los aportes de Fecode, a donde fueron a parar los recursos recibidos por   Nicolás Petro e inclusive donde está la plata que comentó en su momento Armando Benedetti. 
El rompimiento institucional no se está dando por las investigaciones, como dice Petro, lo está propiciando él mismo al no cumplir la sanción de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses  al ministro de Relaciones Exteriores y por las presiones que está haciendo contra la Corte Suprema de Justicia para el nombramiento inmediato del fiscal general de la Nación. 
Para nada le ha servido al país la actitud desafiante y el comportamiento del fiscal general, quien ha estado actuando como si estuviera en campaña, atacando con un lenguaje intimidante y grosero al presidente.  Claro está, Petro ha ayudado mucho para este comportamiento. 
Como decía, la ruptura institucional la inició el presidente al no acatar la destitución por tres meses del canciller que había ordenado la Procuraduría General de la Nación.  Decisión que es un claro desafío a la separación de poderes y al marco jurídico del país.  Después de 15 días de la decisión el canciller fue notificado de un presunto desacato, por lo que se apartó de su cargo. En este lapso, el ministro alcanzó a nombrar varios embajadores, entre ellos a Benedetti en una embajada que no operaba hace más de 20 años. ¿Cuánto le estará costando al país su silencio?   
La ruptura institucional también  la está propiciando el Gobierno en su comportamiento con la Corte Suprema de Justicia. El martes pasado invitó al Palacio de Nariño al presidente de la Corte, quién le manifestó la preocupación que tenían los magistrados por los ataques y las presiones  que estaban recibiendo. Petro respondió que no tenía nada que ver con eso, pero tan pronto se retiró  el magistrado del Palacio, publicó  un trino ambiguo, como suele hacerlo, en el que finalmente manifestaba que estaba de acuerdo con las marchas.  Lamentablemente se burló del magistrado con el que se acababa de reunir. Las marchas propiciadas por el  Gobierno,  bloquearon  el Palacio de Justicia e impidieron por varias horas el desplazamiento de los funcionarios que trabajan en el edificio, incluyendo a los que hacen parte de la Corte.
El Gobierno no está de acuerdo con la demora en el nombramiento del nuevo fiscal general de la Nación.  Tradicionalmente para esta elección la Corte se ha tomado su tiempo. En épocas del presidente Uribe le pidieron cambio de la terna. El afán de Petro obedece a que la vicefiscal es la que se encargará de este puesto, lo que  lo tiene  muy incómodo.  
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Con respecto a la rabia contra sus ministros, al presidente no se le puede olvidar que ha estado nombrando funcionarios sin mayor preparación y con poca capacidad de ejecución. “No puede pedirle peras al olmo”.
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Son tres ramas las de poder público.  El Gobierno tiene el control del Congreso y al poder judicial lo ataca permanentemente. ¿Quién es el que está propiciando el golpe blando?