El pasado martes, 9 de abril, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal, radicó el escrito de acusación para llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, audiencia de formalización que se realizará, en fecha y hora que fije la Judicatura, una vez cumplido el reparto y se conozca el Juzgado penal del circuito al que le corresponderá el juicio. Valga resaltar que la decisión del fiscal delegado fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión solicitadas por dos fiscales diferentes, las que fueron desoídas por los jueces competentes en esos momentos.
El ente investigador señaló que el expresidente no será enviado a prisión, garantizándosele el derecho a defenderse en libertad, a su vez que la agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados tendrán la oportunidad de participar en el debate oral con la práctica e incorporación de nuevas pruebas. Los delitos por los que se le juzgará serán como determinador de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, que de acuerdo con el Código Penal (Ley 599 de 2000) tienen penas entre 6 y 12 años de cárcel, tipificado el primero en el artículo 444, y el segundo, en el artículo 453 del mismo Código. Tomando distancia de los dos anteriores fiscales, Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, que pidieron la preclusión del proceso, Villarreal asegura que hay nuevos elementos probatorios para proceder al escrito de acusación.
La investigación se remonta al año 2014 cuando el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, en medio de un debate de control político, generó una fuerte tensión en el recinto del Senado de la República, que hizo que el expresidente Uribe, en su carácter también de senador, instaurara una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema de Justicia por tener pruebas suficientes para demostrar que este senador, en visitas a distintas cárceles, estaba ofreciendo beneficios a paramilitares que declararan en su contra. Después de muchos ires y venires, transcurridos cuatro años, la Corte mediante fallo en el 2018, absuelve a Cepeda y ordena investigar al senador Uribe, por los mismos delitos.
El exmagistrado que le enredó la vida al senador Uribe es el polémico José Luis Barceló, quien pasando por encima de la Sala de Instrucción recogió apresuradas pruebas en su contra, más no se molestó en recaudarlas a su favor, violándole seis principios y derechos jurídicos: 1°. Presunción de inocencia. 2°. Investigación integral y objetiva. 3°. Exclusión de la prueba ilícita e ilegal. 4°. Derecho a interrogar los testigos de cargo. 5°. Inviolabilidad de comunicaciones, abogado cliente y 6°. Imparcialidad. Resulta reprochable la sistemática filtración durante estos años de solo algunos apartes del proceso, generando desinformación y, por supuesto, tergiversación. El 23 de febrero de 2018, con una rapidez no conocida en nuestra justicia, un día después de la denuncia de Iván Cepeda, la Corte abrió investigación contra el expresidente, negándole por escrito que existiese investigación alguna en su contra.
El corrupto exmagistrado Leonidas Bustos, asilado hoy en Canadá decía: “A la gente de Uribe hay que meterla a la cárcel, esto no es un tema jurídico sino político”. Pues bien, llama la atención que una vez elegida la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, se reuniera al día siguiente y a puerta cerrada, antes de tomar posesión, con el presidente en la Casa de Nariño y que a los 17 días de estar en el cargo, se procediera a llamar a juicio al expresidente Uribe. Cabe preguntar, ¿qué hay de las investigaciones a Nicolás Petro, el hijo del presidente; del embajador ante la FAO, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Laura Sarabia? El país espera y cuanto antes, que la nueva fiscal proceda con igual prontitud.
La prescripción de los delitos por los cuales Uribe va a juicio se daría el 8 de octubre de 2025, pero lo real es que los tiempos para su juzgamiento ya no dan, a no ser que la Fiscalía, que es un órgano de naturaleza judicial, actúe como lo ha hecho, con criterio político. El proceso, altamente sensible para los amigos del Gobierno como para quienes están en contra, cohesiona fuertemente a la derecha generando un gigantesco movimiento de solidaridad que pone contra las cuerdas al presidente Petro. Bien lo sabe el mandatario que de ser condenado Uribe, que no lo será, más demorará en entrar Uribe a una cárcel, que Petro ser sacado a empellones del Palacio de Nariño para posesionar, una vez más, a quien Petro sabe y tiene claro que Colombia rodeará sin vacilaciones; al campeón de la seguridad, que nos devolverá a la anhelada paz que vivimos bajo su Gobierno. Fuera, fuera Petro.