Al momento de escribir esta columna, Venezuela se despierta para vivir su primer día de la Huelga Nacional General de dos días, 26 y 27 de julio, para rematar este viernes 28 con la Toma de Caracas, a la cual se espera que lleguen personas de todo el país. El objetivo de estas jornadas es impedir que se realice la votación para la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, quien acaba de ofrecer el aplazamiento de esta votación por 45 días, para que en ese tiempo gobierno y oposición se sienten a dialogar. Muchos venezolanos temen que este ofrecimiento sea una jugada para ganar tiempo y mermarle fuerza al creciente rechazo.
A partir del primero de abril, la oposición al régimen viene adelantando una campaña de protesta que busca como resultado un cambio radical para el país, lo que piden es la celebración de elecciones limpias con la presencia de observadores internacionales y la libertad para los presos políticos. Esta campaña ha consistido básicamente en salir a la calle a manifestar el profundo descontento. En el camino, la respuesta gubernamental ha dejado más de cien muertos entre los manifestantes. Las imágenes de represión son tremendamente violentas, incluyendo golpizas llenas de sevicia a personas ancianas o con discapacidad. Todos los días la Guardia Nacional detiene sin fórmula alguna y a su capricho a decenas de jóvenes entre los 15 y 20 años, solo por el hecho de protestar. Los padres deben localizar con urgencia el centro de detención al que fueron llevados para poder prevenir su tortura, y a veces llegan tarde. Se ha consolidado un sistema policial y represivo similar al de las dictaduras del Cono Sur de los años setenta.
Ante la evidencia de un riesgo inminente de perder el poder, el gobierno de Maduro sacó de la manga la carta de una asamblea constituyente que renueve los postulados de la revolución chavista y logre la paz. Sin embargo, la manera como decretó su convocatoria y la composición que tendrá, llevan a pensar que lo que se quiere es acabar con lo poco que queda de democracia e instaurar un régimen más cercano a los caducos, y ya desaparecidos en su mayoría, sistemas políticos socialistas. Empezando por la convocatoria, a todas luces ilegal, pasando por su composición corporativista, es decir llamando a que tengan asiento sectores de la sociedad que puede manipular el gobierno y terminando en las reformas que quieren implantar, la constitución que resultaría de este proceso sería a todas luces un engendro anacrónico, autoritario y empobrecedor.
En Venezuela, hoy en día, la gran mayoría de la población rechaza el régimen. Muchas fuentes consultadas establecen que esta oposición pasa el 80 %. Entre la minoría que defiende el sistema, muchos son los “enchufados”, es decir, los que derivan ganancias o privilegios que no están al alcance de la población en general. El hecho de que chavistas de antes y más de trescientos sindicatos de trabajadores se hayan sumado a las jornadas de protesta de esta semana es una señal clara de cómo la balanza de apoyos ha cambiado.
Este escenario de caos político y de un gobierno que abandona cualquier asomo de democracia que pudiera tener, para convertirse en una burda dictadura, va acompañado de una situación material insostenible para la población. La inflación cerrará el año por encima de 700%, el salario mínimo con todos los subsidios otorgados no pasa de 50 dólares, es decir $150.000 pesos colombianos. Conseguir medicamentos es imposible. No hay comida. Los suministros llegan a quienes tienen contactos con el gobierno y son obsecuentes con el régimen.
Un hecho reciente refleja la tragedia: un médico oncólogo del hospital estatal Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, al suroriente del país, manifestó públicamente su preocupación por la carencia absoluta de medicamentos para tratar a sus pacientes de cáncer. La respuesta de la dirección del centro asistencial fue impedirle la entrada al centro médico. Cortar la cabeza del mensajero.
Confío en que Venezuela superará este amargo y doloroso momento de su historia y que con mucho trabajo y la conciencia de las lecciones aprendidas puedan reconstruir el país, para beneficio de todos.