A cuatro semanas de la posesión de Iván Duque como Presidente, se hace evidente la tensión entre los que llegan y los que salen; entre una derecha dura que hace parte de los ganadores y un centro y una izquierda que serán oposición. En últimas, es un pulso entre quienes adelantaron y apoyaron el proceso de paz con las Farc, con su consecuencia de nuevas obligaciones para el Estado, y quienes se opusieron a la terminación de la guerra a través de la negociación. Se enfrentan ya, y lo harán posiblemente por los próximos cuatro años, dos perspectivas muy distintas del Estado y la organización social.

Las puntadas que ha dado el gobierno entrante han creado tensión y preocupación, pues sin duda parecen mostrar lo que será su obra una vez estén en el poder: reducir a su mínima expresión el acuerdo de paz y darle forma a un Estado y a una sociedad como le gustan a Uribe y los sectores más conservadores de la política. Tres hechos recientes nos dan una pista de lo que vendrá. Primero, los cambios que el Centro Democrático-CD, introdujo en la ley que define los procedimientos que se deben seguir en las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, así como las competencias de esta instancia judicial. Lo que llama más la atención es la intención del CD de crear todo un sistema independiente para juzgar a los militares que deben responder por crímenes de guerra o lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado. Esta modificación de la JEP revela el interés de negar la responsabilidad que los militares, y por tanto el Estado, tuvieron en determinados eventos de la guerra y en últimas, enterrar muchas verdades que terminarían revelando hechos vergonzosos no solo de uniformados, sino también de civiles que conservan hasta nuestros días una imagen de ‘respetables’. A todas luces, y mirando en detalle los cambios, estas reformas serán declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional.

En segundo lugar, varios parlamentarios del CD anunciaron que promoverán un referendo que revoque una buena parte de lo acordado en La Habana: la JEP, la participación política de la Farc y la protección jurídica de lo acordado. Este referendo, de prosperar, sí sería hacer trizas los acuerdos, como lo pidió Fernando Londoño Hoyos hace ya un buen tiempo a su partido Centro Democrático. En tercer lugar, La Comisión de la Verdad, instancia creada por el acuerdo de paz y con vigencia constitucional y legal, pidió a las Fuerzas Armadas la entrega de determinados documentos y archivos de inteligencia que en criterio de la Comisión pueden dar luces de posibles crímenes cometidos por los militares. Cabe anotar que los hallazgos de la Comisión de la Verdad no tienen efecto jurídico, serán únicamente un referente para la historia y un recordatorio moral. Ante este pedido, hubo un rechazo vehemente de Acore, la asociación de oficiales en retiro, pues consideran inadmisible que se revele esta información. Sin duda, el conocimiento de estos documentos por la Comisión servirá para dar más luces a nuestra historia reciente.

Para rematar, parece que llegarán al gobierno un buen número de los más radicales cruzados contra las transformaciones que conlleva el acuerdo de paz y otras realizaciones del gobierno Santos, como por ejemplo la Ley de Tierras. A veces parece que estamos ante la retoma de una fortaleza luego de un largo sitio, ojalá luego no lleguen las decapitaciones de escarmiento.

¿Qué dice el presidente electo Duque de todo esto?

Hasta ahora nada. Pareciera que aprendió muy bien la canción de Joan Manuel Serrat “Lecciones de Urbanidad”, aquella que dice: “Tenga a mano una sonrisa cuando atice el varapalo//Reparta malas noticias envueltas para regalo//Dígale al mundo con flores que va a arrasar el planeta//Firme sentencias de muerte, pero con buena letra”.