El próximo domingo 26 de agosto tendremos la oportunidad de dar, como ciudadanía, un duro golpe a la corrupción. La ‘Consulta popular contra la corrupción’ tiene como objetivo hacer siete modificaciones legales que pueden servir para contener esta tragedia moderna. La gran virtud de esta consulta es que somos los ciudadanos, los votantes, quienes tenemos la capacidad de dar un mandato inequívoco, una orden, a los políticos y funcionarios públicos, para que establezcan límites para su actuación.
Estos son los siete puntos a votar: rebajar el salario a los congresistas; restringir drásticamente los beneficios penales a quienes sean condenados por corrupción; limitar a tres períodos la permanencia en una corporación pública -Congreso, Asamblea o Concejo-; total transparencia del patrimonio de los funcionarios públicos de elección popular y escrutinio permanente, así como la posibilidad de extinción de dominio a quien sea responsable de corrupción; rendición de cuentas de los congresistas, diputados y concejales; audiencias públicas y desglose amplio de los presupuestos aprobados por las corporaciones públicas, y obligatoriedad de un pliego único a nivel nacional para las licitaciones.
Pensar que con estas reformas se acabará la corrupción es ingenuo. Es obvio que cubren una porción pequeña del problema. Pero el gran valor de esta consulta es el mensaje que envía: los ciudadanos sí pueden lograr cambios y son los jefes de los políticos y funcionarios públicos. La efectividad de las reformas es un asunto que desde ahora no se puede predecir; sin embargo, de pasar en las urnas, tienen la posibilidad de lograr cambios positivos.
Hay discusiones sobre su conveniencia o sustento jurídico. Un buen número de objeciones surgen del cinismo de muchos parlamentarios que han sido los eternos protagonistas de la corrupción, o de la mayoría de congresistas del Centro Democrático por el simple hecho de que esta consulta ha sido promovida y trabajada con mucho esfuerzo por adversarios políticos, como por ejemplo la exsenadora Claudia López y los senadores Angélica Lozano, Jorge Enrique Robledo y Antanas Mockus. También hay discusión sobre la constitucionalidad o legalidad de algunos de los cambios pretendidos, dudas que en su momento deberá resolver la Corte Constitucional. Pero por encima de las mezquindades del momento o reflexiones de técnica jurídica, esta consulta puede marcar el punto de partida de una lucha triunfante contra una desoladora epidemia nacional.
La gran mayoría de políticos se comporta como mercaderes de baratijas, y una parte de ellos opera con las mismas prácticas de capos mafiosos, llegando en repetidas ocasiones a usar métodos de intimidación criminales que llegan hasta el homicidio. Es el momento de que esto deje de ser ‘tendencia’, como se dice hoy para casi todo.
Por otra parte, hay un elemento que subyace a la corrupción de los políticos: la corrupción del sistema económico y de las relaciones sociales. Los desmanes del ánimo de lucro que conducen a la destrucción de la tierra, la avaricia de empresas e individuos que quieren acapararlo todo para ellos, la adicción consumista de tanta gente y la valoración social basada en dinero y poder, juegan un papel importante en la corrupción política. El congresista, gobernador, alcalde, ministro o magistrado que se roba el dinero público, que abusa de su cargo, que quiere conservar y acrecentar su poder, no representa nada distinto que una adicción colectiva por tener más, más dinero y más poder. Y esta adicción también está presente en el sector privado, y en los profesionales, y en los taxistas, y en los ciudadanos de a pie.
Hay que votar siete veces sí en la Consulta contra la corrupción, es un primer paso de mucho valor. Y también tenemos que sanar toda la sociedad, empezando por nosotros mismos, de la adicción a los bienes materiales y el poder.