Cuando el 26 de septiembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc en Cartagena, prácticamente todo el mundo dio por definitivo dicho pacto que ponía el punto final a una guerra muy larga, sangrienta y cruel. Incluso, la declaración hecha en La Habana unas semanas antes cerrando la agenda temática ya nos indicaba que se extinguía este amargo capítulo de la vida nacional.
Si bien ni los más férreos opositores contemplaron la posibilidad de ganar el plebiscito del 2 de octubre de 2016, por medio del cual se ratificaba o se rechazaba dicho acuerdo, el no ganó por una pequeña mayoría. Ahí mismo empezaron a surgir grietas en el Acuerdo. Ese día quedó en evidencia una seria fractura en la sociedad en torno a la terminación de la guerra a través de la negociación: un país partido por la mitad milimétricamente, una diferencia de 60 mil votos en un universo de casi 13 millones. Esta pequeñísima diferencia le abrió las puertas a la palabra que más se escucha en medios de comunicación hoy en día y que más usan analistas y ciudadanos cuando de hablar de política se trata: polarización. Un acuerdo reformado, que era lo que pedía la oposición, vio nuevamente la luz en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, y este texto es el que ha servido de base para empezar a andar el camino del postconflicto.
Dos temas siguieron gravitando en la disputa: la elegibilidad política de comandantes de la disuelta guerrilla que tuvieran que responder ante la justicia transicional por crímenes de guerra y la misma justicia transicional que contempla la posibilidad de sanciones penales sin reclusión en una cárcel.
Sin duda, a partir del plebiscito la ruta de ejecución de los acuerdos tuvo que cambiar drásticamente, se debió acudir a un sinuoso camino en el cual la intervención del Congreso en muchas oportunidades ha tenido la capacidad de entorpecer y dilatar las urgentes acciones estatales para reafirmar el tránsito de la guerra a la paz.
También la guerrilla ha tenido su responsabilidad en la falta de credibilidad del proceso al no ser capaz de despejar dudas y sospechas sobre sus intenciones y actuaciones. Desde el “quizás, quizás, quizás” de Santrich apenas empezando la negociación cuando se le preguntó si las Farc pedirían perdón por sus crímenes, hasta el más reciente escándalo de posible participación del mismo Santrich en narcotráfico después de haberse firmado el acuerdo.
Es necesario recordar que el Acuerdo de Paz es un extenso tratado que incluye muchas materias, algunas de ellas muy complejas, y que el atraso u olvido en su cumplimento es enorme. Solo para mencionar uno: el tema agrario, columna básica de la negociación.
En medio de todo esto, a muchos parece que ya se les olvidó el principal beneficio buscado desde el Estado y la sociedad con la negociación: la desaparición de las Farc como guerrilla armada que le hacía la guerra al Estado y de paso causaba una tragedia a la sociedad. Esas Farc ya no existen. Esa pesadilla ya terminó. Otra cosa son las disidencias, que son ya delincuencia común que hay que combatir con las facultades que otorgan las leyes para reprimir el delito. Dicho sea de paso, estas disidencias le disputan al Estado el futuro de los excombatientes, pero no por defecto del acuerdo sino por una precaria capacidad de intervención y ejecución del mismo gobierno.
Un partido en particular, el Centro Democrático, parece que quisiera liquidar la solidez de lo pactado e incumplir los acuerdos, haciendo caso omiso al hecho de que ya no estamos en guerra y haciendo todo lo posible para que sus prejuicios y fantasías se conviertan en realidad. Y todo parece indicar que este propósito fuera el preferido por la mayoría de quienes votarán en las elecciones presidenciales. Lo sólido se difumina y termina desapareciendo, se vuelve humo.