En el plebiscito del 2 de octubre de 2016 se sometió a la consideración de la ciudadanía el acuerdo de paz con las Farc. Se trataba de una decisión trascendental para el país y, sin embargo, 62,56 por ciento de los ciudadanos aptos para votar no participó. La apatía es una de las principales características de la cultura política colombiana. Otro rasgo desafortunado es un sectarismo que hace impermeables las mentes de la gente frente a las razones, los argumentos y las evidencias. 
La consulta contra la corrupción de este domingo 26 de agosto es una oportunidad enorme para dejar a un lado la polarización y el sectarismo y fortalecer nuestros vínculos como miembros de una misma comunidad política nacional. Una masiva votación en la consulta enviaría un valioso mensaje de esperanza. Sería una declaración explícita en el sentido de que, a pesar de nuestras diferencias y conflictos divisivos, podemos cooperar en temas esenciales para el interés público. 
El compromiso contra la corrupción debe ser independiente de la ubicación de los ciudadanos en el espectro político. La palabra corrupción procede de “corruptus” que en latín significa romper o destruir. En efecto, la corrupción rompe los lazos de confianza entre los ciudadanos y entre estos y las instituciones. También, destruye las bases mínimas de cooperación que toda sociedad requiere para funcionar. 
Hay algunas dudas jurídicas, especialmente sobre las preguntas 1 (reducir el salario de los congresistas) y 7 (limitar a tres el número de períodos en los que se puede ser elegido a las corporaciones públicas). Aunque no soy abogado, me parece que si bien es cierto no se podría implementar inmediatamente el mandato ciudadano sobre esos dos puntos, el gobierno y el congreso se verían obligados políticamente a proponer las iniciativas correspondientes para iniciar el proceso de reforma a la Constitución en esos dos aspectos. En cualquier caso, quienes como el jurista Rodrigo Uprimny tengan reservas sobre esas dos preguntas en particular, no deben abstenerse de votar afirmativamente las otras cinco. 
Algunos dicen que el paquete legislativo presentado por el gobierno hace inocua la consulta. Eso es falso porque está demostrado que los congresistas no aprueban reformas que limiten sus privilegios. Esa es la misma razón por la que en el congreso nunca se ha podido tramitar exitosamente una reforma agraria redistributiva o una reforma tributaria progresiva y sin exenciones injustificables. Se trata de la misma lógica que explica que en los concejos de cientos de municipios rurales del país no se aprueben tarifas razonables para el impuesto predial. 
Los que ahora muestran su oposición a la consulta, no se atrevieron a hacerlo antes de las elecciones presidenciales. Ellos subordinan el interés público a sus cálculos politiqueros. Al igual que Cantinflas, como dicen una cosa dicen la otra. La diferencia es que en este caso no es chistoso. Menos cuando una cosa es lo que vociferan en público y otra lo que dicen en privado. 
Para disimular sus contradicciones y aparecer como guardianes del erario, los opositores a la consulta nos dicen ahora que es un desperdicio gastar 300 mil millones de pesos haciéndole preguntas a los ciudadanos. Esa cifra no es nada comparada con lo que el país se ahorraría poniendo en marcha las reformas planteadas en las preguntas de la consulta. Se desperdiciarían esos 300 mil millones de pesos si la ciudadanía desaprovecha esta oportunidad para empezar a desprivatizar al Estado y no acude en masa a las urnas. 
Como bien lo señaló en su columna de ayer en LA PATRIA mi buen amigo Ricardo Correa Robledo, aunque la aprobación de los siete puntos de la consulta no es suficiente para resolver el problema, lo importante es que el mensaje político que enviaría el voto afirmativo de los ciudadanos no podría ser desatendido por las autoridades. Es claro que la corrupción no es independiente de las aberrantes desigualdades sociales y económicas que hay en Colombia y que la terapia contra esta patología social va mucho más allá de lo que está incluido en la consulta. Sin embargo, es absurdo rechazar lo que sirve con el argumento de que no resuelve por completo un problema. Este domingo votaré siete veces sí.