El presidente Santos resultó bueno para firmar la paz con las Farc, pero ha sido mediocre en casi todo lo demás. Contrasta el alto nivel del equipo que nombró para negociar con la guerrilla en La Habana -cosa que se replica en la mesa de Quito- con la falta de capacidades específicas de algunos de los funcionarios nombrados por el presidente para desempeñar posiciones clave en el proceso de implementación del acuerdo, especialmente en el sector rural. Se trata de un sector crucial para cumplir lo acordado y para construir la paz: dos cosas relacionadas pero diferentes. 
Para superar los múltiples obstáculos que se presentaron durante las negociaciones, el presidente y su equipo negociador actuaron de forma diligente, prudente y responsable. En cambio, para poner en marcha lo acordado, el gobierno no se ha preocupado por disimular la preeminencia de criterios politiqueros en la administración del Estado, usando a las entidades públicas para pagar favores y comprar lealtades. Este gobierno, al igual que los de sus inmediatos antecesores, le da toda la razón a ese viejo grafitti bogotano que decía: “El sector público es el sector privado de los políticos”. 
El gobierno sabe firmar acuerdos, pero no sabe cumplirlos. Tampoco sabe construir la paz. Eso es evidente en lo que tiene que ver con la ruralidad. Si consideramos que la guerra ha sido principalmente rural en sus orígenes y en sus factores de prolongación, así como en los escenarios de su despliegue, tiene todo el sentido que con las Farc se haya firmado un acuerdo para una Reforma Rural Integral. Lo que no tiene sentido es que el gobierno no se tome en serio la institucionalidad del sector rural necesaria para sacar este acuerdo adelante y para promover el desarrollo humano de los habitantes del campo. 
Es absurdo que el gobierno, después de haber creado tres agencias encargadas de recomponer la acción del Estado en lo rural, haya nombrado en dos de ellas (la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural) a dos personas sin la experiencia, el conocimiento y el reconocimiento requeridos para liderar la transformación del campo colombiano en un escenario de post-acuerdo. El director de la Agencia Nacional de Tierras presentó una propuesta de ley de “ordenamiento social de la propiedad rural” en la que echaba a perder las normas sobre expropiación y extinción de dominio que ya estaban consagradas en la Ley 160 de 1994, mientras que pretendía dotar de amplias funciones jurisdiccionales a la Agencia Nacional de Tierras. La iniciativa que generó inquietudes legítimas entre algunos empresarios y académicos, fue retirada. Pero causó un enorme daño porque alborotó innecesariamente el avispero y movilizó a los sectores tradicionales (y emergentes) de las élites rurales en contra no solo de dicho proyecto, sino fundamentalmente contra la Reforma Rural Integral en sí misma.
La metida de pata del director de la Agencia Nacional de Tierras galvanizó las posiciones más reaccionarias que niegan la excesiva concentración de la propiedad rural y sus perniciosos efectos económicos, sociales, ambientales y políticos y alentó a los que mienten descaradamente acerca del acuerdo de paz. Por ejemplo, en su columna del 9 de mayo en LA PATRIA, Fernando Londoño afirma que las tres millones de hectáreas del Fondo de Tierras saldrán de los siete millones de hectáreas cultivadas que hay en país y que por tanto “la nueva autoridad administrativa que asuma la responsabilidad de aplicar la ley, tendrá que hacerse al 40% de la tierra cultivada en Colombia”. El Fondo incluye tierras de extinción judicial de dominio, tierras inexplotadas, baldíos recuperados a favor de la Nación y ciertas áreas de las zonas de reserva forestal en las que pueden desarrollarse actividades productivas compatibles con la reserva. La cifra de Londoño es efectista y mentirosa. También lo es el título de su columna: “Reforma agraria de las Farc”. Haber firmado la Reforma Rural con las Farc no significa que ésta sea de o para las Farc. En 1969 Bertha Hernández de Ospina afirmó que la ley agraria de Lleras Restrepo era comunista y luego, en el gobierno de Misael Pastrana, se firmó el Acuerdo de Chicoral... Cosas que no cambian.