La implementación del acuerdo de paz no va bien. En el caso de la Reforma Rural Integral el balance es muy preocupante en la medida en que la ruralidad ha sido el escenario principal de la guerra y es, también, el escenario principal del despliegue de las acciones orientadas a construir la paz territorial. Según el primer informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (entidad que brinda apoyo técnico en el componente de verificación establecido por las partes en el acuerdo), de las 23 disposiciones que están relacionadas con el acceso y uso de la tierra, apenas se han iniciado ocho. Todas ellas, con un nivel mínimo de implementación hasta ahora. El informe hace un llamado urgente para que se ponga el pie en el acelerador. 
En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el informe del Instituto Kroc advierte que de las cinco disposiciones relacionadas con el tema se han iniciado tres y con un nivel de implementación también mínimo. El informe destaca la realización de 303 asambleas preliminares en las veredas de 29 municipios como parte de la primera fase de la formulación participativa de los programas. Sin embargo, el número de municipios priorizados para la construcción de los dieciséis PDET es 170. Lo más grave es que el Instituto Kroc reporta que personas de las comunidades que han participado en esos procesos, declaran percibir al Estado como una entidad que “llega, hace un taller y se va”. No parece haber una presencia continua que permita crear relaciones de confianza entre las agencias estatales y las comunidades locales. 
Aunque buena parte de los recursos para la Reforma Rural Integral saldrán del presupuesto para el “posconflicto”, la viabilidad de la transformación del campo y de los planes sectoriales previstos en el Acuerdo queda en entredicho con una inversión sectorial tan baja y en declive. En efecto, el presupuesto de inversión en el sector agropecuario para 2018 disminuyó 35,3% con respecto al de 2017. En 2014 la inversión en el sector agropecuario representaba apenas 0,4% del PIB. Hoy representa aún menos: 0,17% del PIB. 
Ante este panorama, vale la pena preguntar cuáles serán los recursos con los que se financiará la recién aprobada ley que crea el sistema de innovación agropecuaria que, dicho sea de paso, comete el error de dejar la prestación del servicio público de extensión agropecuaria a cargo de los municipios. La Misión para la Transformación del Campo encontró que la descentralización no ha dado buenos resultados en tres áreas: vías terciarias, vivienda y asistencia técnica agropecuaria. 
Además de la falta de recursos, está el problema del declive institucional del Ministerio de Agricultura y algunas de sus entidades adscritas, con la notable excepción al parecer, de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA. En 2014 la Misión para la Transformación del Campo afirmaba que la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) parecía estar en proceso de recuperación, que Finagro se había desdibujado como banca de inversión por tener a su cargo demasiados proyectos, que el Banco Agrario había abandonado su papel de fomento del ahorro rural y que la credibilidad técnica del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) había disminuido. Hasta ahora, no parece haber ningún plan concreto para la recuperación de esas entidades. Además, dos de las nuevas, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, están en manos de personas sin experiencia técnica en el sector. 
Finalmente, resulta inquietante que ya casi no se discuta el tema de la reforma del impuesto predial rural. Sigue pendiente la modificación de la Ley 44 de 1990 que deja en manos de los concejos municipales la fijación de la tarifa. Es necesario que esta sea definida por una autoridad nacional (aunque los recursos sean de los municipios), con una fórmula que la determine en función directa del tamaño del predio e inversa a su uso productivo para castigar, específicamente, la concentración improductiva de la tierra. Parece que nadie quiere prestarle atención a un tema urgente en un país en el que hay menos de una vaca por hectárea.