La negociación sobre el incremento del salario mínimo tiene este año un ingrediente adicional: la proximidad de las elecciones presidenciales. Los candidatos deberían plantear claramente su posición no solo sobre el monto del incremento, sino también sobre las políticas de generación de empleo e ingresos que le proponen al país. Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que después de varios años de disminución de la pobreza por ingresos, esta aumentó en 2016 y falta ver si las cifras de 2017 indican si el aumento de la incidencia de la pobreza monetaria en Colombia es temporal o si representa un cambio de tendencia. 
Lo cierto es que la reducción sostenida de la pobreza en el largo plazo no es sostenible si depende exclusivamente de la política social. Importa la política social, pero no es suficiente. Se requiere, principalmente, de un crecimiento económico bien distribuido. Esa distribución depende de la capacidad del crecimiento para dispersar ampliamente los ingresos entre la población a través de la generación de empleo. Si el crecimiento económico no va acompañado de la expansión del empleo y los ingresos de la población, el resultado es el aumento simultáneo de la desigualdad y la pobreza. 
Pero no se trata solo de generar empleos. También es necesario que los que se generen sean de calidad. El crecimiento económico colombiano ha carecido de la capacidad para incorporar masivamente a los trabajadores al aparato productivo formal. Eso se refleja en una tasa de informalidad que -aunque ha disminuido levemente en los últimos años- sigue abarcando a casi la mitad de la población ocupada en 23 ciudades del país. La tasa de informalidad en Manizales es 56,8%, muy por encima de la tasa en el conjunto de esas 23 ciudades: 48,7%. 
En contextos de elevada informalidad, las políticas públicas deben orientarse explícitamente no solo hacia la reducción del desempleo sino también hacia la puesta en marcha de estímulos que conlleven la sustitución de empleos informales por empleos formales. El tránsito de la informalidad a la formalidad conlleva aumentos en la productividad del trabajo y con ello, la generación de excedentes para apalancar la ampliación del aparato productivo. Sin embargo, los enfoques ortodoxos en economía parten del supuesto de que la creación de esos empleos formales resultará fundamentalmente de dos cosas: Primero, la inversión en capital humano (educación) y segundo, la reducción de impuestos y salarios, y el desmonte de regulaciones para incentivar el aumento de las inversiones.
Esa perspectiva no aplica a las economías reales y menos a las economías en desarrollo, caracterizadas por el desempleo, el subempleo y la informalidad. La educación es, ciertamente, una condición necesaria para reducir el desempleo. Sin embargo, no es una condición suficiente. Los programas sociales sin políticas de desarrollo productivo orientadas a la creación de empleos no garantizan la reducción sostenida de la pobreza. 
Sin un aparato productivo capaz de demandar y absorber la mano de obra saludable y educada que busca ser creada por las políticas sociales, se corre el riesgo de invertir en “capital humano” para el desempleo, la informalidad, la migración o la ilegalidad. La demanda debe ser creada por la política pública y, en concreto, por las políticas de desarrollo productivo que requieren de la acción conjunta del Estado y del sector privado para evitar inversiones de enclave y en su lugar, promover actividades capaces de crear riqueza y dispersar sus beneficios entre la población. Los economistas ortodoxos subestiman la importancia de las políticas de desarrollo productivo orientadas a estimular actividades con rendimientos crecientes (aumento de la producción en forma más que proporcional al aumento de los insumos).
Los candidatos a la presidencia están en mora de presentar sus propuestas específicas en políticas de desarrollo productivo y generación de empleo e ingresos. También es necesario que nos digan si ven el aumento del salario mínimo simplemente como un costo o como una forma de promover la demanda y, por esa vía, incentivar la ampliación de la actividad productiva. No hay que perder de vista que la mejor política social es el aumento de la participación de los salarios en la economía.