Siervo Joya, el personaje creado por Eduardo Caballero Calderón en “Siervo sin tierra” (1954), no pudo hallar dónde sembrar tranquilo “dos palitos de maíz”. Su historia representaba bastante bien el contexto de derrotas de la población campesina colombiana. Aunque el país ha cambiado muchísimo desde entonces, lo cierto es que la ruralidad sigue siendo un escenario de desigualdad, arbitrariedad y adversidades. Los actores y el contexto se han transformado. No así las asimetrías de poder y la proverbial desatención del Estado. 
Hace unos días, la comisión de asuntos sociales, humanitarios y culturales de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la declaración sobre “Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”. La decisión fue respaldada por una mayoría de 119 votos. Siete países votaron en contra y 49 se abstuvieron. Asombrosamente, Colombia se abstuvo. Esa decisión no solo es sorprendente sino también vergonzosa si se consideran varias cosas. 
Primero, en las zonas rurales colombianas habitan casi once millones de personas (un cuarto de la población). Segundo, 36% (casi cuatro millones de personas) de quienes habitan en lo que el DANE califica como “centros poblados y rural disperso”, tiene ingresos inferiores al valor de la línea de pobreza. En el caso de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, la incidencia de la pobreza por ingresos es significativamente menor (15,7%). Tercero, la tierra está muy mal distribuida como lo confirmó el Censo Nacional Agropecuario con datos que los defensores del statu quo se empeñan en desconocer:70,4% de las Unidades Productivas Agropecuarias UPA corresponde a predios de menos de cinco hectáreas que disponen de apenas 2% del área rural. En cambio, en el otro extremo, 0,2% de las UPA está conformado por predios de mil hectáreas o más. Ese 0,2% de los predios ocupa, sin embargo, 73,8% del área rural. Es obvio que el coeficiente de Gini que resulta de esa distribución es cercano a uno, lo que hace que Colombia tenga una de las peores distribuciones de la tierra en el planeta. De la desigualdad en la distribución de la tierra y otros activos se deriva la desigualdad en la distribución de las oportunidades de empleo y generación de ingresos. Cuarto, el campo ha sido el escenario principal del conflicto armado que por décadas ha padecido el país. Finalmente, el éxito de la transición hacia la paz depende de la atención y gestión oportuna de los conflictos sociales rurales. 
Evidentemente, la solución a los problemas rurales del país no depende del respaldo del gobierno a la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos. Sin embargo, su abstención refleja la falta de voluntad política para saldar la deuda histórica del país con una población que no solo ha sido víctima del conflicto armado y de la apropiación extorsiva de la tierra, sino también de la falta de políticas públicas que reconozcan su aporte al país. Aún en condiciones adversas, sin acceso o con acceso insuficiente a activos productivos como la tierra, la asistencia técnica, los distritos de riego y el crédito, los agricultores familiares constituyen el 87% de los productores agropecuarios y aportan más de la mitad de la producción agrícola de Colombia. De hecho, como lo mostró la Misión para la Transformación del Campo, existe una relación inversa entre tamaño de los predios y su productividad. Esta evidencia contradice la absurda idea de que los pequeños productores no son suficientemente eficientes. 
La discusión sobre el presupuesto público, esto es, de dónde salen los ingresos y hacia dónde se destinan los gastos, es uno de los más importantes debates políticos en una sociedad. Sus resultados demuestran las asimetrías en las relaciones de poder. El presupuesto de inversión en el sector agropecuario previsto para 2019 es de un billón 478 mil millones de pesos. Esto representa 0,15% del PIB. Una cifra no solo muy pequeña sino también inferior a la de años anteriores. Así las cosas, los herederos de Siervo Joya siguen siendo campesinos acorralados y en vilo. 
Nota de pie: Ayer inició la Comisión de la Verdad su mandato de tres años. Debemos respaldar y apoyar su labor.