Bastante sinsentido se ha dejado ver en un debate entre alternativas imperfectas como lo son destinar recursos públicos a universidades públicas, o a “entradas pagas” o cupones para que estudiantes pobres puedan entrar a cualquier universidad acreditada que se escojan. 
En el corazón de la democracia, los sabios griegos pedían descentralización en las decisiones, un gobierno cercano a sus ciudadanos. En Atenas, cuestiones de las festividades locales las decidían los “Demes”, inferiores a la “Asamblea Ateniense”. Y los magistrados regionales trataban la mayoría de crímenes no muy graves. Los padres de la democracia buscaban que el poder no se fuera a distantes capitales y altos funcionarios sino que permaneciera cerca a los humildes ciudadanos. 
En Colombia esto es la élite política en Bogotá y a los ciudadanos de las regiones. El debate de Ser Pilo Paga o Universidad pública se ha hecho en un plano que se pregunta erróneamente sobre qué es mejor, si la universidad pública o la privada. Pero como diría el economista Thomas Sowell, la verdadera pregunta no es ¿qué es mejor?, sino ¿quién debe decidir lo qué es mejor? 
La decisión de dónde estudiar de la población humilde la pueden tomar las élites de Bogotá, los políticos y quienes atacan el programa de SPP. Estas personas con sus argumentos les dicen a estudiantes pobres en Manizales que su única esperanza de educación universitaria es pasar a la U. Nacional o Caldas y estudiar solamente los programas que estas universidades ofrecen. 
Les deberán decir también que si están inconformes con el manejo de la universidad, solo tienen una oportunidad al tener todo el poder de decisión centralizado; entrar en un paro que no le hace bien a nadie. O que si el pilo, altamente inteligente, y pobre quiere estudiar economía o ciencias políticas, le tocará irse de la ciudad y pagarse una vida lejos de casa. 
Hay otros como yo. Impopulares y políticamente incorrectos por el bienestar de la educación colombiana. Hay quienes piensan que la decisión de dónde estudiar la deben tomar los mismos estudiantes. Nosotros no nos sentimos con la autoridad moral de negarles a los “pilos” el derecho de escoger dónde estudiar, qué programa y cómo. La educación de la población más pobre no puede ser un monopolio de un par de instituciones del gobierno, sino la búsqueda de educación integral y de calidad, donde quien juzgue sea el pueblo y se preserve la competencia que asegura la calidad.
Esto no es un ataque a la universidad pública. Pero teniendo en cuenta que el gobierno debe pagarle más o menos lo mismo a la Nacional para que eduque un estudiante, que a Los Andes, por ejemplo, lo que queda por discutir no es el precio sino la decisión. Por el bien de Colombia queremos esas decisiones de una manera descentralizada, en manos de los ciudadanos; de esa manera tan típica de las bases de la democracia.