Según la Contraloría General de la República, en Colombia la corrupción nos quita a los ciudadanos 50 billones de pesos al año, cerca de 1 billón a la semana, el 4% del PIB. Esta suma es superior al presupuesto de inversión del Estado para el 2018: $32,9 billones. Con estos recursos, que se quedan en manos de los políticos y sus contratistas, se podrían construir todas las obras de cuarta generación y saldar el déficit del sistema de salud, al mismo tiempo. La corrupción destruye los cimientos de la confianza en lo público, los ciudadanos no pagan impuestos porque se los roban y porque se los roban tampoco alcanza los dineros para hacer las obras necesarias para atender a los más pobres, por ejemplo, prestando buenos servicios de salud y educación. Asimismo, los recursos son insuficientes para desarrollar la infraestructura que haga al sector empresarial más competitivo y generador de mayor riqueza. No alcanzan los dineros públicos porque estamos pagando todos para financiar a un Estado del que solo se benefician unos pocos, que lo han captado para mejorar su situación personal. La consulta anticorrupción es un símbolo para manifestar que estamos cansados de que nos roben. Una forma de expresar el inconformismo porque solo algunos puedan beneficiarse de los impuestos que pagamos todos.
El nuevo Gobierno ha radicado un paquete de proyectos de ley que incluyen 3 de los puntos de la consulta: 1) Contratación transparente obligatoria en todo el país. 2) Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos. 3) Máximo tres periodos en corporaciones públicas. De las acciones incluidas en la consulta quedan faltando las siguientes en los proyectos presentados por el Gobierno: 1) Reducir el salario de los congresistas y máximos funcionarios del Estado. 2) Que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir con la totalidad de la pena en la cárcel y se aplique la extinción de dominio a los bienes adquiridos con dineros provenientes de las coimas o del soborno. 3) Realizar los presupuestos públicos mediamente mecanismos de participación ciudadana. 4) La obligación de los congresistas y miembros de las demás corporaciones de rendir cuentas sobre su asistencia, proyectos de normas y debates.
Es positivo que desde el ejecutivo estén pensando con celeridad en el desarrollo de las políticas públicas para luchar contra la corrupción que se someterán a aprobación popular el próximo 26 de agosto. Aún así, algunos políticos han dicho que no es necesario votar la consulta porque el paquete que presentó el Gobierno es una buena copia de lo que está en ésta; afirmación que no es cierta. Adicionalmente, omiten estos políticos, que además se verán afectados por dichas medidas, que al Congreso se han pasado infinidad de proyectos de ley y de reformas para combatir la corrupción y la mayoría son archivadas o dilatadas para que venzan sus términos de aprobación. Es entonces poco probable que los congresistas saquen adelante las normas con las cuales se pone fin a la fuga de recursos públicos que les garantizan mantenerse en el poder, como por ejemplo, que se bajen su salario. Así mismo, si la consulta alcanza más de 12.075.756 votos, el Gobierno queda obligado a presentar al Congreso proyectos de ley sobre los 7 puntos incluidos en ésta, no solo los 3 que ya se encuentran radicados. Adicionalmente, el Congreso estará obligado a aprobarlos dentro en un plazo no mayor a un año desde el final del periodo en el que se vota favorablemente el mandato popular. En caso tal de que el poder legislativo no cumpla ese término, las normas serán sancionadas por el Gobierno como decreto ley. Así pues, aquellos que dicen que las disposiciones de la consulta pueden aprobarse por el Congreso, sin necesidad de llevarse a un mecanismo de participación ciudadana, están desconociendo que el mandato popular que deriva de consulta tiene herramientas más fuertes para obligar a los políticos a su aprobación y ejecución. Por tal motivo, el apoyo ciudadano mayoritario de la consulta del próximo 26 de agosto se convertiría en una obligación que ni los congresistas ni el Gobierno podrían desatender.
Si usted aspira a que los políticos no sigan robándole sus impuestos, tiene una primera herramienta para manifestarles a ellos su inconformismo, vote el próximo 26 de agosto en la consulta anticorrupción siete veces sí.
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