Históricamente las religiones han servido de justificación y amparo para perpetrar todo tipo de violencia, discriminación y guerras. En el nombre de dios, o de los dioses, han buscado una forma de darle un lema digno a cualquier disputa económica, política, territorial, racial o social. La libertad de culto y el relativismo cultural han sido la excusa para dejar pasar comportamientos que atentan contra los derechos humanos, particularmente, de las mujeres y de la población LGTBI. 
Como lo manifiesta la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales: “los fundamentalismos han surgido de todas las principales tradiciones religiosas del mundo, como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo, entre otras. (…) Sin embargo, los fundamentalismos representan un fenómeno minoritario distinto de las propias tradiciones religiosas en las que se enmarcan, aunque toman elementos de estas de manera selectiva. Ninguna religión es intrínsecamente fundamentalista, ni debe acusarse a todos los fieles de una determinada religión de tener opiniones fundamentalistas.”
Que este sea un fenómeno minoritario en participantes, no quiere decir que sea una problemática menor en la búsqueda de la garantía de los derechos humanos en el mundo, particularmente de las mujeres y de la población LGTBI. En este sentido, los órganos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas trabajan, cada vez más, con mayor fuerza, determinación y firmeza para subrayar como este tipo de acciones constituyen violaciones y vulneraciones de la dignidad humana. 
Señala la Relatora Especial sobre los derechos culturales en su informe a la Asamblea General (Documento A/72/155) que se ha podido documentar que en todas las regiones del mundo se promueve la estigmatización de las mujeres que buscan ejercer y defender sus derechos sexuales y reproductivos. Desde distintos enfoques religiosos se crea una cultura de la vergüenza centrada en la pureza, el honor, el recato, el sentimiento de superioridad moral, la imposición de una “religión verdadera,” que satanizan la diversidad calificándola “ideología de género” y coartando la libertad científica. En este sentido, el informe define el fundamentalismo como: “movimientos políticos de extrema derecha que, en un contexto de mundialización, manipulan la religión, la cultura o el origen étnico para lograr sus objetivos políticos (…) En toda América Latina, los grupos de la sociedad civil fundamentalistas y conservadores se han aliado a menudo con iglesias fundamentalistas para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo difundiendo información falsa sobre los conocimientos científicos en la esfera de la salud reproductiva.”
Esta situación la vivimos en Colombia unos días antes del Plebiscito de 2016, cuando grupos políticos de derecha, con filiaciones cercanas a iglesias católicas y evangélicas, hicieron campaña política en contra del proceso de paz manifestando que este promovía la pos-verdad denominada ideología de género. En esta campaña presidencial, los temas sobre derechos fundamentales de las mujeres y de la comunidad LGTBI han jugado un papel menos preponderante en el debate público, aunque deberían, ya que el candidato que lidera las encuestas representa a sectores políticos que han usado discursos fundamentalistas para poner en riesgo los mencionados derechos. 
Hasta aquí el diagnóstico, que se tiene más o menos claro. Lo realmente novedoso del documento de la Relatora Especial es que hace recomendaciones a los Estados para que este tipo de violaciones y vulneraciones no persistan. Entonces recuerda la obligación de mantener un Estado laico entendido como aquel que “no entraña la ausencia de religión, sino una estructura estatal que defiende la libertad de expresión y la libertad de religión o de creencias, donde no existe una religión de Estado, donde la ley no procede de Dios y donde los agentes religiosos no pueden imponer su voluntad en las políticas públicas”.
También insiste la Relatora en la importancia de que los Gobiernos se manifiesten en contra de todos estos discursos fundamentalistas impugnándolos públicamente, no retirando la cartilla “Ambientes escolares libres de discriminación” de los colegios, como hizo el Gobierno colombiano en el año 2016, y garantizando la educación de acuerdo con las normas internacionales, no con lo dispuesto en los textos sagrados.