El vil asesinato de siete campesinos en Tumaco hace dos semanas, y de casi cien líderes sociales después de un año de la firma del Acuerdo, demuestra que la paz en Colombia se está quedando en la solapa de los altos funcionarios públicos que fueron testigos de su firma en el teatro Colón de Bogotá.
Los habitantes de Catatumbo, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Cauca, Antioquia y Chocó, dicen sentirse hoy más inseguros que antes de la firma de la paz, pues sufren las consecuencias de la incapacidad del Estado para controlar sus territorios después del retiro de las Farc, al ver cómo llegan primero las bandas criminales, los narcotraficantes colombianos y mejicanos y los disidentes de esa guerrilla. Los mecanismos de protección a los ciudadanos y al territorio previstos en el Acuerdo no llegan.
Hace más de cuatro años el Gobierno y las Farc acordaron la reforma rural integral para modernizar el campo y permitir un mejor vivir a los trece millones de colombianos que viven allí. El desarrollo rural integral no avanza, la desigualdad y la miseria campean por las veredas de Colombia. La ley de tierras prometida no se ha presentado en el Congreso, los programas acordados no inician y el presupuesto del sector no honra el compromiso adquirido. Once organizaciones agrarias de distintas partes del país han declarado un paro indefinido reclamando el cumplimiento a lo acordado y una solución territorial.
El crecimiento de los cultivos ilícitos y la presión insensata de los Estados Unidos enrarece el ambiente. Las grandes utilidades que produce este negocio y el incremento del consumo en el país del norte, estimulan la inversión internacional en la siembra de más hectáreas en Colombia. El procedimiento diseñado para la erradicación voluntaria es engorroso y complejo en su ejecución, el presupuesto asignado no alcanza para todos los campesinos que se han comprometido en ella. Al contrario, la erradicación forzada avanza rápidamente, pues tiene más recursos humanos y económicos. Estas dos políticas aplicadas en el mismo territorio son contradictorias y generan enfrentamientos y muerte. Se hace necesario reasignar recursos y armonizar la actuación de la fuerza pública para evitar que jóvenes e inexpertos policías sigan asesinando campesinos indefensos e inocentes.
La advertencia que hoy hacen al Gobierno la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo en carta conjunta, sobre el poco avance en atención a las víctimas y la preocupación por la financiación de los compromisos adquiridos en la ley víctimas y restitución de tierras, hace visible que esto no va bien.
Mientras la descoordinación, la falta de compromiso y la apatía en algunas instituciones y funcionarios del Estado para cumplir lo pactado continúen, el Acuerdo de Paz se hará trizas sin necesidad de esperar el cambio de gobierno.