“En Colombia las pensiones son una bomba social”. “Un sistema público de pensiones no puede convivir con un sistema privado”. “En Colombia las pensiones son una bomba fiscal”. Con estas sentencias y en términos terroristas, instituciones privadas como Asofondos, ANIF, Asobancaria, y Fasecolda plantean el debate, sin aclarar que las empresas que representan tienen interés en el manejo de los inmensos recursos financieros del sistema pensional, argumentando la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas y el buen uso del presupuesto general de la Nación.
Según el Indice Melbourne Mercer Global Pension, que evalúa anualmente los sistemas de jubilación en 30 países de América, Europa y Asia-Pacífico, en el año 2017 Colombia ocupa el puesto catorce, por encima de países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Argentina. La evaluación se hace sobre tres aspectos: adecuación, sostenibilidad e integralidad. Para el caso colombiano y con el fin de mejorar la sostenibilidad, el informe Melbourne propone los siguientes ajustes: combatir la desigualdad existente, elevar el ahorro familiar, aumentar el número de aportantes al sistema y aumentar la edad de jubilación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), grupo de los 37 países más avanzados en políticas públicas, calidad de vida, transparencia y buenas prácticas, a la cual Colombia está adecuándose para ser admitida, considera que el gasto público colombiano en pensiones no es tan alto con respecto del Producto Interno Bruto (PIB), ya que en muchos de sus países miembros esta cifra es tres veces mayor. Manifiesta también preocupación por el monto de las comisiones que paga el afiliado al sistema, causando sobrepago al servicio prestado, en beneficio de las administradoras y reaseguradoras privadas. La OCDE después de evaluar otros aspectos del sistema, afirma que la reforma pensional en Colombia amerita un amplio análisis y debe tomar su tiempo.
También se debe aclarar por qué las promesas de ampliación de cobertura y los beneficios macroeconómicos anunciados para sustentar las reformas introducidas en la Ley 100 de 1993, no se han cumplido; valorar la deuda histórica, prevista en leyes y decretos desde 1997, y que el Estado no ha pagado, afectando las reservas del régimen actual; cuantificar el impacto financiero que sobre el sistema produce la ilegal práctica de contratar casi un millón de colombianos bajo la modalidad de prestación de servicios; evaluar cómo y en cuánto, la baja real de los salarios profundiza la desigualdad y desencaja el sistema. Estas consideraciones deben llevar a nuevos cálculos actuariales.
Por lo visto esta reforma requiere una mirada más amplia y profunda, para garantizar con ella el derecho social a una pensión digna, y no la venta de un seguro privado para quien lo pueda comprar. Los jóvenes colombianos no pueden seguir siendo excluidos de esta importante discusión, sino que por el contrario deben ser actores principalísimos, pues en ella se está resolviendo en gran parte la historia de su futuro.
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