El concepto milenario de la autonomía en la Constitución Política de Colombia permite comprender que las universidades pueden determinar sus principios filosóficos y políticos y administrarse de manera eficiente, en aras de que tengan plena libertad académica. Expertos en educación superior señalan que la autonomía debe considerársela desde tres perspectivas: la académica: cada institución decide qué programas y qué orientación les da, así como qué investiga; la docente; y la autonomía administrativa, es decir, cómo se da sus propias reglas de juego. En este proceso del debate continuo sobre la vital importancia de vigilar y de no perder la autonomía, es fundamental no desechar el legado histórico. La universidad no es lo que nos parezca, sino lo que se ha construido culturalmente durante los últimos 10 siglos. Esa tradición cuenta.

Considerando lo anterior, me pareció un exabrupto que uno de los candidatos que aspiró a la rectoría de la Universidad de Caldas, creyendo tener el derecho de entrar en la terna que se le envió al Consejo Superior, hubiera puesto una tutela. Por fortuna y buen parecer de ambos jueces (primera y segunda instancia) le fue negada. Y digo que lo fue porque su pretensión de que un actor externo incidiera en la forma de autogobernarse y darse sus propios reglamentos, incluyendo los de la escogencia de sus directivos, es una clara violación de la autonomía universitaria. En la práctica lo que tanto pregonó durante los debates se cayó por su propio peso, cuando a fuerza de Ley buscó ser el próximo rector. Es impresentable que alguien que aspire a manejar los destinos de una universidad de alta calidad, como lo es la U. de Caldas, violente sus principios fundamentales.

Este hecho, sumado a frecuentes equivocaciones del Secretario General durante la campaña de los candidatos, fue un factor detonante para que algunos profesores, estudiantes y muy pocos egresados se manifestaran: primero, bloqueando la sede administrativa, y segundo, enviando comunicados aduciendo que había ilegalidad e ilegitimidad. De mi parte, considero que no hubo ni lo uno ni lo otro. Al Consejo Superior le llegó una terna y con base en ésta, sus miembros escogieron a quien consideraron el mejor de los tres. En ninguna parte dice que tenían que escoger al más votado; y el no hacerlo, no significa necesariamente que hubieran desoído la voz de quienes participamos en las consultas. Las reglas fueron claras desde el principio y todos los que dimos nuestro voto por alguno de los candidatos decidimos aceptarlas. No tiene sentido que cuando no nos gustan las decisiones de los demás, entonces decidamos más que protestar (con lo cual siempre estaré de acuerdo), bloquear (no comparto las vías de hecho). Así no se construye un país. No conviene olvidar que en las universidades abundan las opiniones y no siempre las claridades conceptuales; y cuando imperan aquellas, quienes las defienden terminan por creer que su voz debe convertirse en norma. Y tampoco conviene perder de vista la causa universitaria.

Comparto el sentimiento de muchos estudiantes, profesores, administrativos y egresados de que la democracia universitaria es débil. Este escenario es caótico, complejo; se presta para grandes posibilidades de manipulación y, aunque se diga que se trata de un espacio democrático y de participación, realmente es todo lo contrario. Lo dice mejor el profesor Wasserman: “No se trata de un problema de democracia participativa, sino de participación en la democracia participativa, que es distinto.” Por eso, continúo preguntando: ¿por qué no hubo mujeres aspirando a la rectoría de la U. de C., a sabiendas de que las hay y con altas calidades académicas?, ¿por qué para elegir a los representantes de los egresados para los distintos órganos de poder se presentan tan pocos y muy pocas veces los más capacitados (no necesariamente hablo de sus pergaminos; le aprendí a un profesor de la U. de Manizales, que los títulos no necesariamente dan las competencias)?

El profesor Alejandro Ceballos Márquez es el nuevo rector. Punto. Debe dejársele poner en marcha su proyecto de gobierno y de gobernanza. La U. de C. tiene problemas más serios y trascendentes en los qué pensar. Por ejemplo, la rigidez de los procesos administrativos que deberían ser más ágiles y eficientes en función de lo misional; el cada vez mayor número de profesores por fuera de la planta (ocasionales) a quienes les toca soportar lentos procesos académicos; la escasa tecnología avanzada para el cumplimiento de las investigaciones, sumada a la débil infraestructura; el eterno problema presupuestal; los intereses particulares de grupos que no piensan más que en cómo sacar ventaja en provecho propio.

Sin embargo, de toda esta protesta salió algo que aplaudo y a lo que me sumo: se aprobó en la última sesión del Consejo Superior, la propuesta que hicieron algunos profesores respecto de reglamentar lo dispuesto en el Acuerdo 047 del 2017 en materia de elección de rector, decanos, directores de departamentos y directores de programas. A ésta le falta cómo elegir a los representantes de los egresados, profesores y estudiantes. Debo decir que un grupo de egresados reunidos a finales de la semana pasada haremos nuestro aporte sobre el particular. Ojalá que así sea y que los egresados tampoco perdamos de vista la causa.